El proyecto fue presentado por el senador Miguel Angel Pichetto, y claramente tiene como origen la decisión de Elena Highton de Nolasco de mantenerse en la Corte a pesar de superar esa edad.
El presidente del bloque PJ-FpV de la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, detalló este jueves una iniciativa que impulsa para que todos los jueces nacionales, incluidos los de la Corte Suprema de Justicia, deban ser reevaluados por el Senado de la Nación a partir de pasar los 75 años de edad.
La iniciativa reglamenta el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional reformada en 1994 que establece que los jueces que cumplan 75 años deben ser nombrados nuevamente con acuerdo del Senado para continuar en el cargo. En ese sentido, el proyecto de Pichetto le otorga al Senado una mayor facultad en ese trámite.
Según contó el senador este jueves ante la prensa, “cuando un juez cumple 75 años, puede sentir que tiene la energía, las ganas y la lucidez para seguir desempeñando el cargo”, pero “lo que no puede dejar de hacer es cumplir con la Constitución”.
La declaración de Pichetto pareció un mensaje hacia la jueza Elena Highton de Nolasco, que a través de un amparo presentado busca mantenerse en la Corte Suprema a pesar de tener los 75 años que establece como límite la Constitución.
El proyecto fue acompañado con las firmas de los senadores Pedro Guillermo Guastavino y Juan Manuel Abal Medina, y prevé que aquellos magistrados que pretendan mantener el cargo una vez que cumplan la edad de 75 años “deberán solicitar la prórroga de sus funciones mediante la presentación de una petición ante el Senado de la Nación”.
Según la iniciativa, los jueces deberían efectuar su presentación hasta noventa días después de cumplir los 74 años. En el caso de que la ley entre en vigencia después de ese tiempo, podrán hacerlo hasta tres meses después de la promulgación de la norma.
La Comisión de Acuerdos del Senado se ocupará de considerar la petición del juez y luego será el pleno de la Cámara alta la que defina en votación el destino del magistrado. Tras ello, la decisión del Senado se comunica al Poder Ejecutivo, que debe decidir si prorroga por cinco años el cargo del magistrado o si rechaza la solicitud.
