La diputada nacional Elisa Carrió enfatizó este viernes que el informe presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la administración de la Corte Suprema de Justicia “es lapidario” y “respalda nuestro pedido de juicio político a (Ricardo) Lorenzetti”.

La líder de la Coalición Cívica se refirió al dictamen de 152 páginas que emitió el órgano de control, en relación al manejo del presupuesto del máximo tribunal, y anunció que lo incluirá en una próxima ampliación de pedido de juicio contra el titular de la Corte.

El documento, emitido por unanimidad el miércoles de la semana pasada, se refiere a la cuenta de inversión del ejercicio fiscal 2011 y plantea observaciones que “van en el mismo sentido que algunas de las razones que se esgrimen” en la solicitud para destituir a Lorenzetti, destacó la legisladora.

“El informe es contundente y exhibe el manejo espurio de quien estuvo a cargo de la administración de la Corte”, aseguró Carrió. “Aquí exponen las irregularidades respecto del Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos, puesto que no existe, según el texto, ‘un adecuado control interno sobre la recaudación para asegurar la integridad de la misma, atento que el auditado no cuenta con una estructura acorde que le permita reunir los antecedentes, documentación de respaldo e información proveniente de las áreas que originan recursos y que le permita controlar a las instituciones bancarias y verificar que se acredita la totalidad de la recaudación’”, agregó la referente de Cambiemos.

La diputada también explicó que la AGN “revela que existen cuentas corrientes para gastos de funcionamiento en distintas áreas que no se exponen y tampoco se especifica la transferencia de bienes entre el Consejo de la Magistratura y el Tribunal”.

Carrió aprovechó para pegarle al kirchnerismo y comparó que “como sucedió con la matriz de corrupción de la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, tampoco son transparentes los certificados de obra y de la factura presentados por los contratistas”.

“El informe de la AGN sostiene que la Dirección de infraestructura de Justicia no siempre especifica el avance físico actual y acumulado. Tampoco existe una certificación sobre el avance acumulado de la obra respecto del cronograma de tareas previsto de antemano para la realización de las obras, en donde se pueda constatar que los pagos son los correspondientes a dicho avance”, añadió en este sentido.

La legisladora de la CC-ARI además destacó que en el documento se “cuestiona el manejo opaco de los fondos remanentes de la obra social”. “La Corte conducida por Lorenzetti dispuso que se transfieran los remanentes de la obra social a la Secretaría General de Administración a cargo de Héctor Marchi. Es decir que, en lugar de haber utilizado los recursos de la obra social para invertir en prestaciones de sus afiliados, se transfirieron los remanentes al sexto ministro y hombre de máxima confianza del presidente de la Corte”, afirmó.

Mediante un comunicado, la aliada del Gobierno nacional subrayó que el organismo de control también “observó la falta de reglamentación unificada y objetiva de la normativa aplicable con respecto al personal; la falta de resguardos que garanticen la inviolabilidad de la carga de novedades al Sistema Único de Personal y Haberes por medio del área responsable y que asegure liquidaciones conforme a la situación real del personal; la falta de certificación indirecta del personal; de las formalidades en los respaldos documentales; del sistema de registro de los aranceles y de las multas; del control sobre los bonos, sobre los débitos bancarios pendientes de regularización contable por la demora en las respuestas proporcionadas por los bancos”.

“Además, el procedimiento de transferencias no se ajusta con rigurosidad a la normativa vigente de la Resolución 33/03; el registro de valores de terceros en garantía en la tesorería no proporciona saldos acumulados. Se observa la unificación de fondos de terceros y propios (pagadora) en la cuenta corriente 3669/8 y la inexistencia de control centralizado de los bienes de consumo, entre otras de las muchas irregularidades enumeradas en el informe”, finalizó Carrió.