La Defensoría del Pueblo de la Ciudad impulsó en el Palacio Legislativo porteño un proyecto de ley que busca asegurarle a las a las personas trans el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, fomentando “el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y la educación, así como en otros ámbitos de la vida ciudadana”.

De esta manera, la iniciativa sostiene que se deberán “proteger los derechos y libertades de las personas trans” por lo que los poderes públicos de la Ciudad de Buenos Aires tendrán que “adoptar todas las medidas pertinentes en el ámbito legislativo, administrativo y judicial, para hacerlos efectivos” y “promover la derogación o modificación de leyes, decretos y disposiciones de rango inferior, normas consuetudinarias y prácticas usuales que resulten discriminatorias por razones de identidad y/o expresión de género”.

Además, la normativa dispone que “se realizaran campañas de concientización al respecto de las personas trans, para fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de las mismas y trabajar contra los estereotipos, prejuicios y prácticas que afectan el ejercicio igualitario de sus derechos” y establece que el Gobierno porteño “velará por la seguridad de las personas trans contra la explotación, la violencia, la trata de personas y el abuso”.

Asimismo, se les garantizará la posibilidad de modificar en forma simple, expeditiva, efectiva y gratuita su nombre de pila y sexo en su documentación personal; mientras que la nueva acta de nacimiento se les deberá entregar en un plazo no mayor a los 15 días de iniciado el trámite.

Igualdad en el sistema educativo

Al respecto del derecho a la educación, la iniciativa prevé que “se asegure un sistema educativo inclusivo en todos los niveles para las personas trans, así como la enseñanza a lo largo de la vida, orientados a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades”.

A su vez, determina que será responsabilidad de todas las personas involucradas en el proceso educativo que “las personas trans no queden excluidas del sistema por razones de identidad y/o expresión de género, y que los niños y las niñas trans no queden excluidos/as de la enseñanza gratuita, laica y obligatoria por las mismas razones”.

En este sentido, la normativa indica que el Estado deberá brindarle “apoyo económico, psicológico, pedagógico y social necesario, personalizado cuando sea conveniente, a las personas trans, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva y favorecer su mejor desarrollo académico y social”.

Salud integral

Según el texto presentado, el Gobierno de la Ciudad deberá reconocer “el derecho de las personas trans a disfrutar del mayor nivel de salud, sin discriminación por razones de identidad y/o expresión de género” y tendrá que adoptar “las medidas pertinentes para asegurarles el acceso a servicios de salud con disponibilidad de especialistas en cuestiones relacionadas con identidad y/o expresión de género”.

Asimismo prohíbe “el uso de terapias de aversión sobre personas trans y cualquier otro procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad, vejaciones o tratos discriminatorios o humillantes que atenten contra su dignidad personal” dado que “cualquier consentimiento respecto de estas prácticas será considerado nulo y se impondrá una multa de 5.000 a 40.000 unidades fijas conforme la gravedad del hecho, a quien ofrezca, publicite, incite a su realización y/o realice tales terapias”.

Centros especializados en identidad de género

El proyecto de ley también dispone la construcción de 3 Centros Especializados en Identidad de Género (CEIG), que funcionarán física y administrativamente en 3 hospitales del distrito capitalino, los cuales deberán contar con -por lo menos- dos profesionales de atención psicológica, psicoterapéutica y sexológica; médicos con especialización en endocrinología, clínica general y con capacitación en cirugía de reasignación sexual.

Por lo que “el Poder Ejecutivo establecerá los mecanismos necesarios para garantizar la capacitación y actualización profesional continua del cuerpo profesional de los CEIG, a fin de brindar a las personas la atención y los tratamientos más avanzados, eficaces y seguros en el área”.