La cartera de Energía inició siete causas penales contra De Vido

Así lo aclaró el ministro Juan José Aranguren al salir al cruce de los planteos hechos por la diputada Elisa Carrió respecto de que se lo estuviera protegiendo desde el Gobierno al extitular de Planificación Federal.

El ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, informó que desde esa cartera se impulsaron siete causas penales contra el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

De esa manera el ministro salió al cruce de una supuesta pasividad de parte de la actual administración respecto del diputado nacional, como sugirió Elisa Carrió.

Aranguren precisó que una de las causas tiene que ver con supuestas irregularidades en el programa refino Plus, y que se le pidió en ese sentido a la empresa Refinadora Neuquina S.A. que devuelva al Estado nacional 124 millones de dólares percibidos por el otorgamiento de certificados fiscales enmarcados en la política de incentivo de producción hidrocarburífera. Por esa causa se transmitió a la Oficina Anticorrupción que la misma sea sumada a la causa “De Vido, Julio y otros por abuso de autoridad”.

Otra de las denuncias es por presunta malversación de fondos públicos en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, por un valor de 25.000 millones de pesos, causa en la que se acusa a De Vido, Roberto Baratta y al exinterventor del yacimiento Atanasio Pérez Osuna.

Según precisó la agencia Télam, también se denunció a De Vido por sobreprecios en la expansión de gasoductos en Santa Cruz; por la rescisión de contratos por ampliación de gasoductos en el norte del país a cargo de la empresa adjudicataria brasileña Odebretch; como así también por la ampliación del gasoducto de la localidad de Bolívar, en el marco del Plan Más Cerca.

De Vido fue denunciado por la posible venta de lingotes de oro en condiciones desventajosas a empresas que no tenían que ver con la industria extractiva minera, causa relacionada a la participación en Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio.

La séptima causa tiene que ver con la compra por parte del Estado a través de la empresa Enarsa de unos 10.000 libros titulados “Néstor y Cristina: Planificación y Federalismo en Acción”.

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