El kirchnerismo denunció actos “violatorios de la institucionalidad” de parte del Gobierno

A través de una conferencia de prensa, la bancada de dipuados difundió un detalle de lo que interpretan como una muestra del no respeto de la separación de poderes de parte de esta administración.

El bloque FpV-PJ realizó un racconto de lo que definieron como actos violatorios de la institucionalidad y la separación de poderes que según ellos “cometió e intenta cometer” el gobierno de Mauricio Macri.

“Prácticamente desde su asunción”, enfatizaron los diputados kirchneristas, por cuanto el primer acto de ese tipo fue para ellos el “acortamiento” del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que a través de un fallo judicial se estableció para la hora 24 del 9 de diciembre.

Según los diputados kirchneristas, el Gobierno de Cambiemos “busca un poder hegemónico sobre la Justicia”, y alertó subre “una situación creciente de inseguridad jurídica”.

La conferencia de prensa fue convocada para respaldar en principio al senador sanjuanino Ruperto Godoy, inhabilitado el martes por la Justicia para seguir integrando el Consejo de la Magistratura por carecer de título de abogado, pero luego hicieron extensivas sus críticas al manejo general del Gobierno en el ámbito judicial. “Se están llevando por delante las instituciones”, remarcó el titular del bloque.

En ese marco volvieron a traer a colación el tema del Correo Argentino y expresaron que ahí “más que conflicto de intereses, lo que hay es corrupción”.

La enumeración de hechos que dan cuenta de un no respeto a la división de poderes continúa con la designación de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción, modificando la ley para permitir que asuma pese a no ser abogada; como así también el pedido de juicio político a los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, apuntados por el Gobierno por haber avalado el pago del aumento que los bancarios consiguieron en la paritaria por encima del techo del 18%.

Asimismo consignaron la violación de la medida cautelar dictada por la jueza Bibiana Díaz, que ordenó cesar la intervención, no obstante lo cual el Ministerio de Trabajo otorgó nuevas certificaciones a los delegados normalizadores designados por la Federación

Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas. “El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es clarísimo en cuanto a que la apelación no suspende el efecto de la medida cautelar dictada”, precisó el presidente del bloque, Héctor Recalde, que citó también a continuación la “intervención de sindicatos, recurriendo a maniobras fraudulentas para justificarlas: seguridad, azucareros, judiciales de Mendoza, químicos de San Luis, químicos de Cinco Saltos y camioneros de Santa Fe.

La enumeración continúa con la salida de Carlos Balbín de la Procuraduría General de la Nación, a juicio de los diputados K “luego de que intentara avanzar en las causas Correo Argentino y Odebrecht”.

Sumaron las “escuchas ilegales a Cristina Fernández de Kirchner y posterior difusión de las mismas, como así también el “doble estándar en la causa dólar futuro”.

Hicieron también mención al ingreso de Avian y Flybondi al mercado aeronáutico argentino, y la situación del titular de la AFI, Gustavo Arribas.

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