La diputada porteña del FpV Paula Penacca impulsó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual busca declarar la emergencia habitacional, ambiental y social el asentamiento conocido como “La veredita”, ubicado en Villa Soldati; con el objetivo de convocar a una Mesa de Gestión Participativa cuya función será atender la emergencia de forma inmediata y brindar solución habitacional definitiva a las familias del asentamiento.

La propuesta presentada, la Mesa Participativa estará compuesta por “el IVC; los vecinos de La Veredita; un integrante del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; los legisladores de la Comisión de Vivienda de la Legislatura; los miembros de la Junta Comunal de la Comuna 8; un representante de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires; y representantes de instituciones barriales y organizaciones sociales con presencia en el barrio”.

Asimismo, la iniciativa prevé que la Mesa se reunirá cada 15 días y se encargará de realizar un relevamiento socio habitacional para identificar y caracterizar la población y las problemáticas que afectan a la misma; además deberá dar asistencia inmediata para mitigar la situación de vulnerabilidad de los habitantes del barrio que los provea de suficiente agua potable, alimentos, barrido y limpieza dentro del asentamiento, entre otros. Además de una solución habitacional definitiva para todos los habitantes según relevamiento, contemplando el desglose familiar y dentro de la Comuna 8.

Entre los fundamentos de la propuesta, la legisladora recordó que “el asentamiento La Veredita se comenzó a conformar en el año 2008 con familias provenientes de las zonas aledañas, principalmente del asentamiento los Pinos” y añadió que “actualmente, según los cálculos arrojados por un relevamiento realizado por los mismos vecinos del barrio existen en el lugar más de 100 viviendas precarias que no cuentan con ningún tipo de acceso a los servicios básicos”.

Cabe destacar que en el 2010 un grupo de familias inicio una acción de amparo contra el Ejecutivo porteño; siendo que en octubre del 2016, la justicia se obligó a las autoridades a tomar una serie de medidas para brindar solución a los actores y en marzo del corriente se impone una multa mensual al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento. Sin embargo la acción de amparo contempla la situación de solo unas pocas familias del asentamiento.

Por otro lado, en abril del 2011 un fallo de la Sala 1 de la Cámara Contravencional, Penal y de Faltas porteña resolvió el desalojo. Finalmente, el mismo se llevó a cabo el 3 de junio del 2011 con 500 agentes de las fuerzas de seguridad. Algunas de las familias afectadas recibieron subsidios de $ 700 por única vez y otras de $ 1.200 en diez cuotas para que abandonen en forma voluntaria el lugar. Sin embargo, debido a que dicho subsidio no alcanza para resolver la situación habitacional muchas familias permanecieron en el lugar.