Para la diputada Carla Carrizo la ley de Etica Pública no debe quedar como una promesa incumplida, y promueve darle autarquía a ese organismo y sea fortalecido y jerarquizado.
La diputada nacional Carla Carrizo (UCR) pidió modificar la estructura de la Oficina Anticorrupción al señalar que “necesitamos una Oficina Anticorrupción distinta si queremos que la Ética Pública no sea una promesa incumplida”.
“Necesitamos una Oficina Anticorrupción distinta si queremos que la Ética Pública no sea una promesa incumplida. Lamento que en la Argentina la agenda de la lucha contra la corrupción la ponga siempre la emergencia. Es el caso que se plantea con los informantes de Odebrecht. Como no actúan los fiscales o jueces recurrimos a la Oficina Anticorrupción”, señaló.
“Lo cierto es que se trata de un organismo creado hace 18 años, que en todo este tiempo nadie se ocupó de fortalecer o jerarquizar. De hecho, se sostiene en un decreto presidencial en lugar de en una ley nacional” sostuvo.
Según la diputada “para evitar que el caso Odebrecht pruebe la impotencia institucional de Argentina y vuelva a frustrar expectativas, debe quedar en claro que los avances que pueda hacer la OA, investigando o denunciando no significan que ello implicará lograr justicia. Tarea que sólo pueden garantizar, jueces o fiscales en Argentina. Mientras tanto, lo que sí puede hacer el Congreso es darle a la Oficina Anticorrupción la ley nacional que necesita para que como organismo cumpla con los parámetros internacionales que hoy no tiene y debería tener”.
“Es lo que planteamos con el proyecto que presentamos en marzo de este año y que está en tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales desde entonces”, señaló la diputada.
“La Oficina Anticorrupción no puede ser sólo un lugar adicional para recopilar datos, y ampliar el marco de negociación entre jueces y fiscales. Necesitamos fiscales y jueces que hagan lo que esperamos de ellos y que la OA sea un ámbito con poder institucional real, autonomía política y funcional.
A continuación, detallamos los principales puntos del proyecto:
1. Autarquía, La OA como un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, con personería jurídica propia y con autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, en jurisdicción del Ministerio de Justicia.
2. Autoridades. Transparencia y duración. Designación con mecanismos transparente que garantice idoneidad y duración independiente del mandato presidencial
3. Mecanismos de control. Articulación e informe anual al Congreso de la Nación y vinculación con el ministerio Público Fiscal, para fortalecer la red de control.
4. Funciones Específicas. Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética Pública y de las normas complementarias (control de declaraciones juradas, dictaminar sobre conflictos de intereses, regular obsequios, principios éticos).
“Necesitamos modificar estructuras y funcionamientos, no hacer de la lucha contra la corrupción una cuestión épica, voluntad política de todas las fuerzas es lo que se necesita; leyes mas que héroes”, finalizó la diputada.
