El Gobierno provincial considera “mala” la ley que obliga oficialmente a hablar de 30 mil desaparecidos

La norma establece también que los tres poderes deben hablar de “dictadura cívico-militar”, pero no fue vetada por el Ejecutivo bonaerense, que espera establecer una reglamentación tal que modere su alcance y un afecte la libertad de expresión.

El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, se pronunció este jueves abiertamente en contra de la ley aprobada casi por unanimidad en la Legislatura bonaerense que establece la obligatoriedad para los tres poderes bonaerenses de referirse al período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 como “dictadura cívico-militar”, y establecer en todos los documentos oficiales que se refieran al tema la existencia de 30 mil desaparecidos.

“Esa ley es mala”, reconoció el funcionario, que aclaró que la gobernadora María Eugenia Vidal también estuvo en contra, a pesar de no haberla vetado.

Consultado en el programa Lanata sin filtro, de radio Mitre, Cantón admitió haber estado de acuerdo en considerar la cifra de 30 mil desaparecidos que reconocen las organizaciones de derechos humanos. Señaló que “yo digo que son 30 mil, que es el número que usó la sociedad civil”, pero puntualizó que le parece “mal” que una cifra oficial lo establezca taxativamente e insistió en que no está de acuerdo con la ley. “Supongamos que un juez tiene que escribir una sentencia, ¿ahí va a tener que decir que son 30 mil desaparecidos? No, es un disparate”.

Tras admitir que se trata de una ley tan sintética que tiene un solo artículo y ni siquiera establece sanciones para quienes la transgredan, Cantón aclaró que la misma “tiene que ser reglamentada y buscamos la manera de hacerlo para que no viole la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad”.

¿Por qué no fue vetada, si Vidal y el Gobierno en general piensan que es una ley mala?, le preguntaron, ante lo que admitió que resultaba antipático hacerlo con una ley prácticamente votada por unanimidad. “La verdad, que (los legisladores) se hagan cargo. No hay que vetarla, que la deroguen y saquen una ley nueva, o que no saquen nada”, sugirió Cantón, insistiendo en que “estamos trabajando en eso, la reglamentación”.

En primer lugar, dijo que la postura oficial es que se derogue, y luego apelar a las instancias internacionales, como el organismo interamericano encargado de velar por la libertad de expresión, para que sugiera que “claramente se tiene que derogar esta ley. Vamos a hacer todo lo posible”.

Entrevistado en el mismo programa el único legislador que se pronunció en contra del proyecto impulsado por el senador provincial kirchnerista Darío Díaz Pérez, el diputado de la Coalición Cívica Guillermo Castello, recordó que la norma fue debatida en vísperas del 24 de marzo y se había aprobado por unanimidad por el Senado el día anterior a su debate en la Cámara baja. El dijo haber expuesto su oposición en la reunión de bloque, pero finalmente la norma fue debatida y aprobada con un único voto en contra, el suyo. En ese marco, Castello recordó haber pensado inicialmente que el proyecto era “una provocación del Frente para la Victoria, porque apenas tenía un artículo”, pero finalmente se transformó en ley.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password