Sobre el proyecto de ley de Financiamiento Educativo

Por Norma Durango. La senadora propone aumentar el porcentaje del PBI de 6 a 10%, y establecer una nueva relación en el aporte que realizan la Nación y las jurisdicciones.

La Ley 26.075 de Financiamiento Educativo fue sancionada a fines de 2005 por amplia mayoría y luego de un largo debate. Nace como una demanda de la comunidad docente reconocida por toda la sociedad, en el contexto de la transferencia de la responsabilidad de la educación de Nación a las provincias, sin destinar los recursos financieros necesarios para instrumentar esa transmisión.

Esa ley tuvo como meta destinar a la educación y a la ciencia y tecnología el 6 % del PBI y planteó metas importantes a alcanzar al 2010. Desde entonces el plazo para conseguir esas metas se viene prorrogando, y hoy nos encontramos ante un nuevo reclamo docente y de la comunidad toda. En primer lugar se exige el cumplimiento de la ley con respecto a la paritaria nacional, y al mismo tiempo la apertura de un serio debate de cara a lo que viene y ampliando las metas, considerando el contexto actual.

En este sentido, y retomando los principales lineamientos de la propuesta de la ex-diputada Adriana Puiggrós, presenté el año pasado un proyecto para poner en debate una nueva ley de Financiamiento Educativo (S-3976/16).

Esta iniciativa, entiende como necesario aumentar la inversión educativa para garantizar la igualdad de oportunidades; mejorar la calidad de la enseñanza a través de proyectos y programas socioeducativos; incrementar la matrícula en la Educación obligatoria Incluyendo el 100% de la población de 4 años en el nivel inicial y asegurando la universalización para los niños y niñas de 45 días a tres años.

Además, propone garantizar 14 años de escolaridad obligatoria afrontando la problemática de la sobreedad, la repitencia y la deserción escolar; lograr que el 30 % de los alumnos de la escolaridad obligatoria acceda a la jornada extendida; extender la enseñanza de una segunda lengua a todos los establecimientos de gestión estatal del país; mejorar y ampliar la infraestructura escolar; dotar de materiales didácticos y tecnológicos a los establecimientos de gestión estatal del país.

Asimismo, se plantea aumentar la inversión en salarios docentes, porque se necesitan cubrir más horas para atender a mayor cantidad de alumnos y también es necesario atraer, retener y capacitar a buenos maestros y profesores.

Para hacer frente a estas metas, mediante este proyecto propongo aumentar el porcentaje del PBI y establecer una nueva relación en el aporte que realizan la Nación y las jurisdicciones, destinando un 10 % del PBI, discriminando –a diferencia de la ley vigente- un 8% para la Educación Obligatoria y un 2% para la Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Asimismo invertir los porcentajes de la ley vigente: que Nación aporte el 60 % y las jurisdicciones el 40%. Este proyecto partió de aquella primera iniciativa, y recibió el importante y criterioso aporte de los gremios. Con mi equipo de asesoras y asesores tomamos la propuesta, la trabajamos, la compartimos, consultamos con distintos sectores y la presentamos con algunas modificaciones fruto de la búsqueda del consenso.

Esas modificaciones van en el sentido de ser más cautelosos con algunos de los objetivos, como para poder comprometernos en un camino que será largo y de mucho trabajo. Porque la implementación de algunos de esos objetivos, como por ejemplo la distribución por cargos docentes, no representan simplemente una cuestión de financiamiento, sino que involucran el hábito de un modo de vida, la tradición de la profesión, el modo de ascenso en la carrera docente, etc. Es necesario pensar cómo ir haciendo esa transformación.

Como Senadora de la Nación me sumé a darle impulso a esta iniciativa dado el papel relevante que tiene la educación en todo proyecto de país y sobre todo en este momento que se hace necesario definir algunas posturas en relación al rol protagónico que el Estado Nacional debe ocupar en materia educativa, y no delegando a terceros o desentendiéndose de los procesos sociales, como si el mercado por sí mismo encausara el estado de cosas hacia su mejor fin.

Espero que este proyecto tenga un pronto tratamiento, un dictamen consensuado y que las y los senadores lo acompañen con su voto.

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