La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo dio dictamen favorable a la medida que exime del pago de contribuciones patronales a las instituciones de gestión privada.
La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo avaló este martes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual se volvió a extender -hasta fin de año- el pago de contribuciones patronales para los colegios de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial, con el fin de contener los aumentos de las cuotas, tal como viene ocurriendo desde 2002.
La medida suspende “desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 inclusive, la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, respecto de los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial”.
Los considerandos del DNU señalan que la aplicación de las contribuciones patronales “provocará un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados en instituciones cuyo personal no está totalmente alcanzado por el aporte estatal, impacto que es mayor en aquellas regiones menos favorecidas del país”.
“Tal situación puede ocasionar no sólo un detrimento en la calidad educativa, sino que al mismo tiempo puede impactar en el nivel de empleo en este sector, lo que agravaría la situación económica y social actual producida por la crisis financiera mundial y de la que el Gobierno nacional procura evitar sus mayores riesgos”, añade.
Según la Ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, todos los empleadores privados contribuyen, para la jubilación del personal con relación de dependencia, con un aporte equivalente al 16 por ciento del haber remuneratorio de la nómina del establecimiento. En junio de 2001, el entonces gobierno de Fernando de la Rúa adoptó una modalidad de alícuota única para la casi totalidad de las contribuciones, estableciéndolas en el 20 y en el 16 por ciento, según la categoría de los establecimientos.
Sin embargo, y ante la crisis económica que vivía el país, en agosto de ese mismo año se suspendió la aplicación de esos aportes, situación que se reiteró en 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, y desde 2001, de manera ininterrumpida.