La polémica generada en torno a la jubilación de magistrados se originó a partir de la decisión de dos mujeres de seguir en sus cargos: la jueza federal María Servini de Cubría y la ministra de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco, quienes presentaron recursos para continuar en los puestos que ocupan más allá de la edad que tengan.

Para regular estas situaciones el diputado Pablo Tonelli presentó un proyecto denominado “Régimen de renovación y cese de los Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación”, que debía comenzar a ser tratado este martes en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el propio Tonelli, y que debió haberse reunido inmediatamente después de concluida la visita del secretario de Asuntos Políticos del Minsterio del Interior, Adrián Pérez, que se presentó pasadas las 14 para hablar del proyecto del Ejecutivo de Régimen de Gestión de Intereses.

Sin embargo la reunión no logró quórum, por lo que no pudo abordarse ese tema, ni tampoco el Régimen de responsabilidad de informar ante vulneración de seguridad de bases de datos personales a los titulares, y el Régimen de responsabilidad del Estado y sus funcionarios, algunos de los otros temas previstos.

El proyecto de Tonelli sobre los jueces tiene por objeto reglamentar la situación prevista en el artículo 99 de la Constitución y establecer el procedimiento aplicable para la renovación y cese de cargos por límite de edad de los magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación.

El artículo 2 de esa norma establece que “un año antes de que un magistrado del Poder Judicial de la Nación cumpla la edad de setenta y cinco (75) años, el Consejo de la Magistra-tura de la Nación solicitará del juez en cuestión una manifestación expresa acerca de su voluntad de continuar, o no, en el cargo una vez alcanzada la edad indicada”.