El cuerpo de legisladores porteños aprobó con 32 votos positivos, 3 negativos y 18 abstenciones un convenio celebrado con el Gobierno nacional, el cual establece que las residencias para adolescentes en conflicto con la ley penal pasen al ámbito del distrito capitalino.
El cuerpo de diputados aprobó -en una nueva sesión ordinaria- con 32 votos positivos, 3 negativos y 18 abstenciones un convenio celebrado entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cual avala la transferencia de servicios de atención directa y los recursos de los centros socioeducativos de menores en conflicto con la ley.
La medida contó con el apoyo del Pro, el Bloque Peronista y el Sindical Peronista; la rechazó el FIT y el bloque Autodeterminación y Libertad; mientras que el PSA, PS, Confianza Pública, Frente Renovador, Suma+, Bien Común y el FpV se abstuvieron.
El Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de Adolescentes en conflicto con la ley penal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue suscripto el 20 de septiembre de 2016 entre el Estado Nacional, representado por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Yael Silvana Bendel, y el Gobierno porteño representado por Isabella Karina Leguizamón, en carácter de presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con este acuerdo pasan a la ciudad los centros socioeducativos de régimen cerrado José de San Martín, Manuel Belgrano y Manuel Roca; el centro de admisión y derivación Úrsula Llona de Inchausti; las residencias Almafuerte, Juana Azurduy y Simón Rodríguez; y el dispositivo de supervisión y monitoreo. La transferencia también contempla los recursos económicos, el personal a cargo y los bienes muebles.
“Promueve, en una actuación coordinada de las partes, la transferencia de los dispositivos de intervención en el ámbito penal juvenil, a efectos de proveer a la máxima satisfacción de los derechos y una mayor eficacia en la asignación de recursos”, explican los fundamentos del proyecto.
