En el contexto de las movilizaciones multitudinarias Ni Una Menos en todo el país representando el grito contra la violencia y los femicidios, el Senado viene trabajando intensamente en pos de proteger y ampliar los derechos de la mujer y en la equidad de género.

Tal cual detalló a través de un informe elaborado por el Cuerpo, durante el último año y medio -período 2016 y lo que va de este año-, los senadores han presentado más de 80 proyectos de ley en ese sentido, de los cuales 25 ya han sido debatidos y aprobados en el recinto. En tanto, los restantes están siendo actualmente trabajados y discutidos en comisiones, de manera de lograr como en los ya legitimados, que sean unificados y consensuados en una ley los proyectos similares.

Respecto de los aprobados, se destacan la protección a las víctimas de delitos, la limitación a las excarcelaciones para los violadores reincidentes; la regulación de desobediencias a la Justicia en casos de violencia de género; la penalización de la difusión de imágenes no consentidas de desnudez, la igualdad de género en las listas electorales legislativas y la privación de la responsabilidad parental al femicida.

Con relación a los proyectos en tratamiento se encuentran, la paridad de género en la Corte Suprema; la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por parte de agentes de fuerzas policiales; igualdad de género para la jerarquización docente e incorporación en el supuesto de legítima defensa del Código Penal a la mujer que sufriere una agresión en contexto de violencia de género.

También están, el límite en el acceso a cargo de funcionario público a quienes tengan antecedentes de violencia contra la mujer y la incorporación de licencia por violencia de género contra la mujer trabajadora.

Asimismo, para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito legislativo, la Cámara alta lleva a cabo este año un programa de capacitación orientado a reafirmar la perspectiva de género.

El mismo fue diseñado en forma conjunta por la Comisión Banca de la Mujer, la Dirección General de programas de Investigación y Capacitación y la Dirección General de Relaciones Institucionales del Senado, el Consejo Nacional de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Además, cabe recordar que el miércoles 19 de octubre de 2016, el Senado se sumó a la marcha #NiUnaMenos, acotando la sesión de la fecha para que los legisladores pudieran concurrir a la masiva convocatoria en el Obelisco.

El tema central de dicha sesión también marcó un hito en la lucha por la igualdad de género: se trató el proyecto que establece un cupo igualitario en las listas legislativas nacionales y para las elecciones de autoridades partidarias. El proyecto fue aprobado por 57 votos a favor y dos en contra.

Más reciente, por unanimidad -58 votos- la Cámara alta aprobó con modificaciones en la última sesión del miércoles 31 de mayo, el proyecto de ley de Protección a las Víctimas de Delitos, el cual vuelve a Diputados para su sanción definitiva.

El proyecto, contempla el patrocinio jurídico gratuito y la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas, los que deberán permanecer abiertos las 24 horas y tendrán que contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados.

En la misma sesión se votaron también por unanimidad varios proyectos de ley referidos a la protección de la mujer. La creación de un programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales y la incorporación del artículo 700 bis al Código Civil y Comercial de la Nación, estableciendo la privación de la responsabilidad parentales al femicida, fueron convertidas en ley; en tanto fueron aprobados el proyecto que crea un régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio u otra forma de violencia de género; la asistencia económica para mujeres en situación de violencia de género y la creación de un régimen de reparación a las víctimas de trata de personas.

En tanto, durante la sesión del 26 de abril de 2017, el Senado aprobó con cambios y volvió a Diputados, el proyecto que reforma la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, y establece que los autores de delitos graves como violaciones no podrán contar con el beneficio de las salidas anticipadas, transitorias o libertad condicional.

Asimismo, la Cámara de Senadores aprobó el 23 de noviembre de 2016 por unanimidad, y giró a Diputados, un proyecto de ley para penalizar la publicación o difusión de imágenes no consentidas de desnudez o videos de contenido sexual o erótico.

El proyecto prevé una pena de prisión de seis meses a cuatro años para quien difunda “imágenes de desnudez total o videos de contenido sexual o erótico de una o más personas” sin el consentimiento de los involucrados. Tampoco se permite la difusión de esas imágenes aunque, para tomarlas, hubiera habido consentimiento de las partes.

Además, la persona condenada será obligada a arbitrar los mecanismos necesarios para retirar de circulación o bloquear el material, a su costa y en un plazo inminente.

En esa misma sesión se aprobó el proyecto de ley modificando la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, respecto al incumplimiento de medidas cautelares o de las órdenes de protección dictadas por autoridades judiciales.

Las comisiones de Banca de la Mujer y de Seguridad Interior y Narcotráfico, el pasado 13 de marzo de 2017 firmaron dictamen sobre el proyecto de ley modificando la Ley 26.485 de protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 24.417 -Violencia Familiar- estableciendo un mecanismo de prevención para los casos donde agentes de fuerzas policiales y de seguridad sean denunciados por violencia contra las mujeres.

Asimismo, en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de la Banca de la Mujer, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales están en tratamiento quince iniciativas que tienen por objeto en algunos casos extender el número del Tribunal Supremo, y en todos modificar su integración en base al género, aumentando la representación femenina en el máximo tribunal.

También se encuentra en tratamiento, un proyecto de ley de Prohibición de Acceso a un Cargo como Funcionario Público por casos vinculados a violencia contra la mujer o cualquier miembro de su familia. Según la iniciativa, “para el acceso a un cargo de funcionario público de rango jerárquico, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, será una condición necesaria y obligatoria no contar con sentencia firme e inapelable por casos vinculados a violencia contra una mujer o cualquier miembro de su familia”.

Por otra parte, las comisiones de Banca de la Mujer, y la de Población y Desarrollo Humano trabajan sobre el proyecto que modifica la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, respecto de incorporar la violencia pública política.