El transporte urbano de pasajeros vivió una buena época en los 90, que se fue apagando bien entrada la segunda mitad de esa década, conforme crecía la desocupación. Una realidad que se verificaba bien en el Conurbano mostraba cómo el negocio era afectado desde dos flancos: el desempleo y los remises, ambos le iban restando pasajeros. Pasada la crisis terminal de 2001/02, fue el colectivo donde primero empezó a sentirse el rebote. Cuando el empleo empezó a repuntar, en los corredores fabriles comenzaron a llenarse los micros.

Pero a medida que las tarifas iban quedando desfasadas, la crisis volvió a ceñirse sobre esa actividad, que empezó a depender de los subsidios. Una de esas empresas que vivió la parábola descripta se encontró un día conque los encargados de entregarles los subsidios para subsistir les dejaban claro que una parte importante era para ellos. La empresa se rehusó a aceptar, argumentando no estar en condiciones de ceder nada, y las consecuencias fueron contundentes: no tuvieron que esperar demasiado tiempo para verificar el error de no haber sabido interpretar las nuevas “reglas de juego”. Al borde del colapso, fueron vanos los llamados para aclarar que el “mensaje” había sido captado, y recién cuando la soga apretó muy fuerte llegó el alivio. Por supuesto, en los términos establecidos al principio, que se prolongaron indefinidamente en el tiempo, con porcentajes diversos. Tal dependencia terminó generando ese sistema artificial y tanto espacio dejó para los manejos irregulares, que hoy esa empresa está nuevamente en terapia intensiva. Pero esa ya es otra historia.

El punto de contacto con la actualidad lo marcó esta última semana el juez Claudio Bonadio al citar a indagatoria al exministro Julio De Vido y a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos, todos los secretarios de Transporte de la era K, en el marco de la causa que investiga la asignación de subsidios para el gasoil de las líneas de colectivos entre 2005 y 2012. El modus operandi investigado indica que Transporte pagaba contra entrega de declaraciones juradas que presentaban las empresas, donde unilateralmente establecían los kilómetros recorridos por cada unidad y los pasajeros que llevaban. De eso hablábamos.

Imputado en más de veinte causas y con cuatro procesamientos, solo una inquieta realmente a De Vido: la tragedia de Once, por el antecedente de que todos los que fueron a juicio resultaron condenados. La causa por los subsidios al gasoil por la que está citado para el 23 de junio debería preocuparlo también, por el juez que la tiene en sus manos y porque las pruebas parecieran ser muy concretas.

Pero el llamado a indagatoria recién surgió cuando Elisa Carrió advirtió sobre un supuesto acuerdo político para proteger a De Vido. En el revoleo, incluyó al propio gobierno, aunque no al Presidente. Pero mencionó puntualmente al caso Odebrecht, generando en la Rosada el efecto deseado -aunque tardío- de buscar descorrer el velo que cubre los sobornos. Como dijimos aquí hace una semana, finalmente el gobierno advirtió que su inacción era aprovechada por el kirchnerismo para involucrar deliberadamente al macrismo. Que pasara el tiempo y el único nombre mencionado fuera el de un amigo del Presidente, y el único empresario mencionado fuera el primo de Macri, ameritaba una reacción. Vale saber que de los doce países donde Odebrecht reconoce haber pagado coimas, solo cuatro no mostraron mayor interés por conocer detalles de la investigación: Angola, el país africano con el que Guillermo Moreno intentó hacer negocios; los bolivarianos Ecuador y Venezuela… y Argentina.

El gobierno difundió la decisión presidencial de que “se sepa todo”. Pero aquí también se dio de bruces con la realidad judicial, un terreno en el que está claro que en ningún momento ha podido hacer pie. Obsesionado por sobreactuar la no injerencia en otros poderes, Cambiemos suele desayunarse con novedades en Tribunales que le resultan inesperadas, como el reciente fallo del 2×1 de la Corte. En este caso se encuentra una vez más con la novedad de que la procuradora Alejandra Gils Carbó será quien reciba la documentación proveniente de Brasil, y se teme por la manera como pueda administrar esos datos. Acelera las acciones para cercarla y los últimos días circuló la versión de que el Presidente podría desplazarla por decreto, si resulta procesada como algunos sugieren que sucedería por la causa de la compra de un inmueble para la Procuración. Media biblioteca sugiere lo contrario.

También de bruces se dio el gobierno esta última semana cuando no pudo avanzar con el juicio político contra el camarista Eduardo Freiler. Pasaron varios días, pero aún muchos se preguntan quien le hizo creer al oficialismo que contaban con los votos para conseguirlo. Cómo pudieron convencerse de que el consejero Jorge Candis -de notoria cercanía con La Cámpora- podría votar junto al oficialismo. No es la primera vez que en la Rosada se entusiasman vanamente en el terreno judicial, donde deberán aceitar las relaciones y mejorar los contactos.

Pero no solo al gobierno le fue mal en materia judicial. En rigor, peor le resultó a la expresidenta Cristina Kirchner, que tuvo una semana olvidable en ese ámbito. Mientras deshoja la margarita en torno a su eventual candidatura, se enteró del llamado a indagatoria de ella misma, sus hijos, Lázaro y Martín Báez, más otras 17 personas, en la causa Hotesur, una de las que verdaderamente la inquietan. Y más que sus hijos terminen en el banquillo. Peor, la Cámara Federal decidió que Ariel Lijo deje el caso de la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina, y que la causa quede en manos de Claudio Bonadio, su juez más odiado y temido. En la causa que más teme.

Para completar una de las peores semanas judiciales de Cristina, la Sala II de la Cámara recomendó al juez Casanello y al fiscal Marijuan “encaminar seriamente” la investigación a Lázaro Báez. No es la primera vez que la Cámara les tira las orejas por esa causa.

Volviendo al gobierno, la gran novedad de la semana fue la salida de la canciller Susana Malcorra, que se hará efectiva el próximo 12 de junio. Mucho se dijo en torno a las causas de la renuncia y curiosamente casi todo tiene parte de verdad. La más convincente es la oficial: el esposo de la canciller se repone de una grave enfermedad en España y la decisión de Malcorra de quedarse en ese país se manejaba desde que fracasó su carrera por el sillón principal de la ONU. Precisamente cuando la primera de las varias votaciones realizadas para elegir al sucesor de Ban Ki-moon mostró lo lejos que estaba de ese objetivo fue cuando la estrella de Malcorra comenzó a dejar de brillar.

Sorprendió la elección de su sucesor; como desde hacía tiempo se especulaba con un recambio en la Cancillería, siempre surgía el nombre de Alfonso Prat-Gay como alternativa. Y el almuerzo que tuvo recientemente con Marcos Peña alimentó esas expectativas. Se dice que el exministro de Hacienda fue sondeado sobre el tema y que nunca ocultó que era el único cargo que verdaderamente le interesaba después de su intempestiva salida del Palacio de Hacienda. Se dice en consecuencia que nada bien le cayó la designación de Jorge Faurie.

Menos aún a los radicales, que en vísperas del cierre de listas han redoblado su recelo respecto del espacio que ocupan dentro del oficialismo. Susana Malcorra era considerada como propia; también Prat-Gay, cuyo remplazante -Nicolás Dujovne- también suman como propio. Pero en el caso de la Cancillería, sienten haber perdido espacio, pues Faurie es peronista. Más allá de posicionamientos partidarios, lo que importa aquí es qué sector del gobierno se impuso, y claramente fue el del omnipresente Marcos Peña, pues Faurie es una sugerencia de Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos, área dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Peña volvió a tener su papel protagónico en el Congreso, adonde irá todos los meses, cuestión de confrontar allí mes a mes con el kirchnerismo. Esta vez su pieza más preciada fue Axel Kicillof, que remedando el emblemático “háganse cargo” de Peña, le pidió hacerse cargo de que “son neoliberales”. El jefe de Gabinete le retrucó que “vamos a trabajar mucho tiempo para que usted nunca más maneje la economía”. Del caso Odebrecht, remarcó que “las coimas se las pagaron a funcionarios públicos del gobierno de Kirchner”. Pero también se ocupó de Sergio Massa -ausente en el recinto-, al que buscó encolumnar junto a los K: “Perteneció 10 de los 12 años al ‘gobierno de chorros’”, como réplica a la dicotomía que el tigrense quiere implantar como eslogan: “gobierno para ricos o gobierno para chorros”.