Los legisladores quieren saber cuántas denuncias han sido presentadas y archivadas durante los últimos cinco años, la duración promedio de los sumarios con instrucción, y cuántos procedimientos finalizaron con el dictado de un veredicto.
A través de un pedido de informes, el senador Andrés De Leo (Cambiemos), con el acompañamiento de la senadora oficialista Elisa Carca, pretende conocer datos relacionados con el complimiento de la las funciones atribuidas a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.
“El Jurado de Enjuiciamiento, incorporado por la reforma constitucional del año 1994 en el Artículo 182º de la Constitución, tiene la delicada y trascendente función institucional de llevar adelante el juicio de responsabilidad política de los magistrados y de los miembros del Ministerio Público”, indicó en los fundamentos el senador De Leo.
En el mismo sentido, el legislador carriotista manifestó: “pretendemos obtener información en torno a dos aspectos centrales que consideramos de vital importancia para realizar una evaluación de su funcionamiento, la duración de los procesos y las causales de su conclusión. En efecto, el análisis de estos temas, nos servirá para hacer un balance de su funcionamiento y en caso de ser necesario, analizar posibles modificaciones que nos permita cumplir con los preceptos contenidos en la ley”.
“Las últimas reformas introducidas al Jurado de Enjuiciamiento han tratado de imprimirle celeridad al procedimiento, acortando los plazos, estableciendo la perentoriedad del mismo etc. No obstante ello, existe la sensación que estamos en presencia de una gran lentitud en la tramitación del procedimiento, que merece un profundo análisis con el fin de evitar las causas con lo originan”, agregó el senador bahiense.
Para finalizar, De Leo señaló que “lamentablemente, por distintas vicisitudes (excusaciones o recusaciones, cambio de Presidencia de la Suprema Corte, recambio por renovación de los legisladores de las Cámaras), los procesos se prolongan en exceso, pudiéndose advertir que entre la denuncia y el análisis de su competencia, pueden pasar hasta dos años. Y frecuentemente la ciudadanía recibe con fastidio y desesperanza las noticias que comunican la renuncia de aquellos magistrados que se encuentran sometidos a la jurisdicción del Jurado, empleando de ese modo una artimaña que les permite escapar de su competencia”.
“Es por ello que consideramos importante conocer toda la información requerida, para de esta forma, poder delinear las reformas que sean convenientes para que esta trascendental figura, pueda cumplir en forma adecuada su elevada función”.
