Por Ana Copes. A propósito de la resolución del caso Farré, la diputada demoprogresista recuerda los juicios por jurado son un mandato constitucional desoído, que espera sea implementado en su provincia.
Un jurado popular definió la culpabilidad de Alejandro Farré en el femicidio de su ex mujer, Claudia Schaefer. Mucho se discutió previo a su juicio, mucho se especuló con el posible veredicto del jurado y con las razones que motivaron que la defensa solicitara un jurado popular. En la provincia de Buenos Aires, el imputado tiene la posibilidad de elegir si quiere ser juzgado por un juez profesional o por un jurado popular. Concretado este último, la ciudadanía decidió, una vez más, dando muestras de un acto de educación cívica.
El juicio por jurados es un mandato constitucional que ha sido desoído por más de cien años. Nuestra Constitución Nacional en tres de sus artículos ordena la instauración de los jurados populares. De hecho, un reconocido jurista interpreta que la Constitución en verdad prohíbe expresamente que los juicios criminales sean juzgados por jueces profesionales. Sin embargo, tuvimos que esperar mucho hasta lograr debatir seriamente su introducción en nuestro ordenamiento legal.
El juicio por jurados es ante todo una organización de la cosa pública. Nuestros constituyentes entendieron que no se podía vedar al pueblo la participación en uno de los poderes centrales de la República; la administración de la violencia ejercida por el Estado no podía quedar sólo en manos de jueces profesionales. Hoy, incluso, asistimos con profunda preocupación a las consecuencias de un sistema de justicia profesional que por distintos y extensos motivos transita una crisis de legitimidad.
No podemos obviar ni desconocer las constantes demandas sociales por la administración de justicia, que ya sea justa o injustamente, transita por niveles de confianza muy bajos: la ciudadanía desconfía de las decisiones emanadas de un poder del que todavía hoy no participa. Los permanentes reclamos de la distancia del Poder Judicial con el propio sentido común de la sociedad son acuciantes.
Estamos absolutamente convencidos de que mediante la implementación de los jurados y la posibilidad de involucrar al pueblo en las decisiones que conciernen a la administración de justicia, lograremos que la ciudadanía se relacione directamente por primera vez, con el único poder que no resulta de una elección directa del pueblo.
En otras palabras, vamos a lograr también legitimar la justicia. El jurado re-legitima; el jurado construye un lazo, aproxima la justicia a la sociedad. Al mismo tiempo, la participación ciudadana en la justicia tiene efectos potenciadores sobre el proceso: inevitablemente contribuye a mejorar las prácticas. El jurado es exigente; el jurado eleva el estándar de la prueba.
El veredicto ejemplar que han brindado los doce ciudadanos bonaerenses en el caso Farré nos recuerda el valor inigualable de la participación ciudadana; no sólo impartir justicia sino también, y especialmente en este caso, brindar un mensaje social. El jurado recupera la función social de la ley; reinterpreta la ley –en muchos casos ininteligible para la sociedad– en función de los estándares de la comunidad. Vaya lección que nos han dado estos doce ciudadanos.
Es tiempo de que nos hagamos cargo como representantes del pueblo y nos comprometamos a procurar dar cumplimiento a un mandato constitucional vigente pero aún desoído. Esperemos que la provincia de Santa Fe pueda prontamente sumarse a las provincias argentinas que devuelven al pueblo su derecho a juzgar.
