La administración de la provincia mediterránea quiere evitar que los habitantes cordobeses queden como “rehenes de planteos sectoriales”. Llamará a consulta popular, enviará un proyecto a la Legislatura unicameral y dará un mandato a sus legisladores nacionales.
El Gobierno de Córdoba informó que ha dispuesto avanzar en una serie de medidas tendientes a lograr que “los ciudadanos cordobeses no queden de rehenes de planteos sectoriales que afecten el derecho de toda una sociedad de trasladarse en el servicio de transporte de pasajeros”.
En ese sentido resolvió respaldar que en el ciudad de Córdoba se convoque a una consulta popular para que “sean los cordobeses de la Capital quienes definan si están de acuerdo con pagar un boleto más caro que en el resto del país para que la UTA Córdoba gane más plata respecto a trabajadores del trasporte de pasajeros de otras provincias”.
La provincia enviará esta semana una ley para regular los servicios públicos, las guardias mínimas y cómo se manifiestan las huelgas que incluye al transporte.
El bloque de Unión por Córdoba va a presentar en la Legislatura un pedido de resolución para que se instruyan a todos los legisladores nacionales por Córdoba para que se sancione una ley en el orden nacional que regule los conflictos y el accionar de la huelgas en los servicios esenciales, porque esto es central para que se aplique en todo el país.
Por otra parte seguirán coordinando con las fuerzas federales, Gendarmería, Policía Federal y la Municipalidad “para garantizar la paz social y aquellos que quieran prestar el servicio en el diagrama de emergencia, serán custodiados por las fuerzas de seguridad para garantizar la libertad de trabajo y la seguridad de los ciudadanos”.
Asimismo, el gobernador Juan Schiaretti recibió a legisladores nacionales, provinciales, a representantes de las universidades, al Comipaz y a empresarios para analizar en conjunto una salida al conflicto ocasionado por el paro de transporte en la ciudad capital.
