En el año 2001 se creó en la Cámara baja la Comisión Antilavado, que entre otras entidades investigó una financiera de Aldo Ducler. Néstor Kirchner presionó para que Cristina integrara la misma.
Por José Angel Di Mauro
En un país donde a un año y medio del hecho todavía no se sabe si se suicidó o suicidaron a un fiscal que acababa de imputar a la Presidenta de la Nación, no puede dejar de resultar sugestiva la muerte de un financista como Aldo Ducler, cuya vinculación con la familia Kirchner siempre generó sospechas. Siempre se dijo que manejó la operación en la que el entonces gobernador Néstor Kirchner envió al exterior 590 millones de dólares correspondientes a regalías de la provincia de Santa Cruz, por lo que su muerte, a 48 horas de haberse presentado ante la UIF para ofrecer información comprometedora, generó un previsible revuelo y un sinfín de especulaciones.
El pasado siempre vuelve en esta Argentina con tantos espacios oscuros, y hechos como este obran como disparadores. En este caso, Ducler remite a la recordada Comisión Antilavado creada en 2001 para investigar las maniobras de lavado de dinero a las que se vinculaban diversos bancos y financieras locales, que presidió nada menos que Elisa Carrió. El dato es que formó parte de esa comisión la entonces diputada peronista Cristina Fernández de Kirchner. Muy mediáticas ambas, solían compartir paneles y, sin ser amigas, mantenían una relación fluida. Cosas del destino, también integraron esa comisión otras dos diputadas que se convertirían en el futuro también en fuertes denunciantes de CFK: Margarita Stolbizer y Graciela Ocaña.
Para presidir la comisión, Carrió tenía el mérito de haber sido junto al diputado mendocino Gustavo Gutiérrez el nexo argentino con el Senado de Estados Unidos en esa investigación, para la cual enviaron ocho cajas con documentación clave. Veamos cómo se eligió al resto de los diez miembros.
Para los radicales, oficialistas entonces, no resultaba nada sencillo el nombramiento de quienes los representarían, al punto tal de que cedieron a los partidos provinciales uno de los lugares que les correspondía. No fue generosidad, sino por las dificultades para encontrar gente dispuesta a ocupar un puesto tan delicado que podría poner en aprietos a su propio gobierno. No cualquiera estaba además habilitado para ese trabajo y Mario Negri y Raúl Baglini fueron los primeros en negarse. A la postre, los designados por la UCR fueron el titular del bloque, el catamarqueño Horacio Pernasetti, fiel soldado delarruista, y quien entonces era titular de la Comisión de Juicio Político, Margarita Stolbizer, a quien desde el propio Gobierno miraban con inquietud por su cercanía a Federico Storani.
El Frepaso designó al tucumano José Vitar -un hombre muy próximo a “Chacho” Alvarez- y a Graciela Ocaña, quien trabajaría allí tan estrechamente con Carrió que terminó yéndose con ella al ARI. Por los partidos provinciales, el demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez tenía el lugar asegurado por haber impulsado con Elisa Carrió en Estados Unidos la investigación del lavado, mientras que el otro legislador provincial iba a ser el neuquino Pedro Salvatori, mas nunca llegó a ser designado.
El cavallismo se resistía a integrar la comisión, a sabiendas de que el entonces ministro de Economía era uno de los objetivos de la investigación (era vox populi que allegados a Domingo Cavallo y empresas vinculadas a la Fundación Mediterránea figuraban en las listas de envíos de dinero al Federal Bank). “Con más razón hay que estar”, argumentaba el jefe del bloque cavallista, Alfredo Castañón, quien pretendía para sí el puesto. Al final, el elegido fue Franco Caviglia, integrante en su momento del Grupo de los 8, quien despertaba ciertos reparos del propio Cavallo porque se entusiasmara tanto en la investigación como en su momento lo había hecho con el caso Yabrán. Tan volátiles eran esos tiempos que al concluir el trabajo de la Comisión, Caviglia se había integrado al justicialismo. Hoy es diputado del bloque de Darío Giustozzi.
En el PJ los lugares estuvieron muy peleados, por cuanto todos los sectores debían estar representados. Carlos Soria -que una década después sería asesinado por su esposa siendo gobernador de Río Negro- tenía la experiencia de haber presidido la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados y fue el hombre propuesto por el entonces gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, y aceptado por Carrió, de buena relación con él. El rionegrino había participado también en la Comisión Investigadora del caso IBM-Banco Nación y en la Comisión Antimafia.
Desde el menemismo, el primer candidato a integrar la comisión fue el pampeano Manuel Baladrón, aunque la cordobesa Martha Alarcia presionó porque quería estar. El tema se definió en una votación interna del sub bloque menemista que ganó la riojana por 11 a 4. Empero, ahí terció el propio Carlos Menem, quien la sacó del medio con una frase contundente: “Martha, vos no sos candidata a nada en las próximas elecciones, así que no vas a la comisión”. Tampoco fue Baladrón, sino Daniel Scioli, por entonces un fiel soldado menemista que se proponía liderar al PJ en la Ciudad de Buenos Aires y al que el expresidente consideraba confiable para estar en la comisión.
Quedaba un lugar, que se disputaban el mendocino Arturo Lafalla, el cordobés Eduardo Di Cola y Cristina Kirchner. Ellos habían sido los primeros justicialistas en impulsar esa investigación, y por el peso específico de su referente político, el cordobés Di Cola tenía prácticamente el lugar asegurado; el mendocino Lafalla quedaba fuera por temor a que en la investigación surgieran datos sobre la privatización del Banco de Mendoza, realizada durante su gestión como gobernador. ¿Por qué eligieron a Cristina Kirchner? Porque Néstor Kirchner llamó directamente al gobernador José Manuel de la Sota para pedirle que le dejara el lugar a su esposa. El cordobés, que buscaba el respaldo de los demás gobernadores para su objetivo presidencial, terminó aceptando.
Siempre llamó la atención el interés especial de los Kirchner porque la diputada integrara la Comisión Investigadora sobre el Lavado de Dinero y Narcotráfico. El diputado nacional santacruceño Ricardo Patterson (UCR) expresó sus críticas y consideró inaceptable que Cristina estuviera en esa comisión, por cuanto -dijo- “responde a un gobierno que se caracteriza por su falta de transparencia y acciones reñidas con la ética”, poniendo como ejemplo la falta de información sobre el dinero de regalías de la provincia depositados en el exterior.
Graciela Ocaña recuerda de esos tiempos que cuando abrieron las cajas enviadas por el Senado norteamericano Cristina mostró especial interés en la documentación vinculada con movimientos que entre 1994 y 1995 tenían que ver con el Banco de Santa Cruz. Evoca la hoy diputada porteña que en ese momento Cristina justificó su interés señalando que la Provincia “había recibido bonos por la venta de YPF, parte de lo que fue el pago histórico a las provincias petroleras, y que había invertido comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y aparentemente Ducler era uno de las asesores de esas inversiones financieras junto al ministro de Economía de entonces, Domingo Cavallo”.
Ocaña sostiene que “esa operación había sido canalizada a través de una casa de venta de bonos de Estados Unidos y que era la principal colocadora de bonos en el mundo y hoy desapareció; su representante en la Argentina era Ducler”.
Los resultados alcanzados por aquella comisión fueron decepcionantes. Desde el entorno de Cristina se ocuparon de responsabilizar a Carrió, con quien se distanció a partir de ahí definitivamente: “La suerte de una comisión siempre es responsabilidad de la presidencia. Si una comisión que tenía diez miembros sacó cuatro informes distintos, es porque la conducción fue un desastre”, señalaría años después Diego Buranello, vocero de CFK cuando se convirtió en primera dama.
Con el paso del tiempo, no son pocos los que insisten en considerar sospechoso el marcado interés de los Kirchner porque Cristina integrara esa comisión, y hasta arriesgan que su objetivo fue el fracaso de la misma. Eso sí que resulta incomprobable.
