La medida que habría dispuesto la cartera de Desarrollo Social generó la reacción de la senadora Sigrid Kunath, que advirtió sobre la “gravedad” de una medida de ese tipo.
La senadora nacional Sigrid Kunath (FpV-PJ–Entre Ríos) presentó un proyecto de comunicación en el que solicita al Ejecutivo Nacional informes respecto a la supuesta cancelación de pensiones no contributivas por invalidez por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Asimismo pide detalles acerca de la cantidad de pensiones vigentes en enero de 2017 y en la actualidad, sobre los motivos que fundamentan la cancelación de las mismas, y sobre los mecanismos empleados para otorgarlas.
“Cancelar un beneficio económico a una persona que realmente lo necesita, sin previo aviso y sin realizar un examen socio ambiental previo resulta un hecho de gravedad que no podemos ignorar”, señaló Kunath quien explicó que “las pensiones no contributivas por invalidez están destinadas a aquellas personas en situación de vulnerabilidad social, con discapacidad total o parcial y que no puedan trabajar”.
Cabe recordar que según trascendidos periodísticos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estaría haciendo una interpretación restrictiva de los requisitos para acceder a la pensión, suspendiendo el otorgamiento de beneficios en favor de personas que realmente lo necesitan y sin previo aviso. De esa manera surgieron casos de beneficiarios que no han podido cobrar la pensión al haber sido revocada ya que su cónyuge cobraba una jubilación mínima, incluso en los casos en los que entre ambos no llegan a cubrir la canasta básica.
“Resulta preocupante que estos hechos sean ciertos. Si desde el Ministerio existe la intención de revisar las pensiones otorgadas, no es esta la manera correcta de hacerlo, ya que nos encontramos frente a personas que requieren de un cuidado especial por parte del Estado. En este sentido, toda la normativa y los procesos vigentes que existan para el otorgamiento de las pensiones deben ser interpretados y ejecutados del modo que resulte más beneficioso para este colectivo de personas, y sin que su aplicación represente un exceso en los requisitos formales que impidan una tutela adecuada de sus derechos”, señaló la legisladora entrerriana.
