El oficialismo apenas reunió 80 diputados. Asistieron todos los representantes de la provincia, a excepción de la única camporista. Mario Negri pretendía avanzar con una ley para declarar el transporte como “servicio esencial”, en medio de la medida de fuerza que paralizó a la ciudad capital durante ocho días.
La alianza Cambiemos fracasó en su intento de tratar este martes en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar el transporte como “servicio público esencial”, a partir de la medida de fuerza de los choferes de Córdoba capital en medio de la paritaria, que paralizó a la ciudad durante ocho días, y este martes fue levantada.
El Frente para la Victoria-PJ, el massismo y el bloque Justicialista vaciaron el recinto, y el oficialismo consiguió sentar a apenas 80 diputados al momento de iniciar las expresiones en minoría, lejos del quórum de 129 requerido para sesionar. El jefe del bloque K, Héctor Recalde, sólo bajó para pedir que el encuentro se levante.
Hubo asistencia casi perfecta de los representantes de Córdoba, que, sin distinción partidaria, obedecieron la orden del gobernador Juan Schiaretti de avanzar con la resolución del conflicto a través de una ley. La única ausente fue la camporista Gabriela Estévez.
Por el radicalismo estuvieron, ad
emás de Negri, Diego Mestre -hermano del intendente capitalino, Ramón Mestre-, Brenda Austin, Soledad Carrizo y Olga Rista; por el Pro, Nicolás Massot, Héctor Baldassi y Pedro Pretto; y por la Coalición Cívica, Leonor Martínez Villada.
Tambien acudieron al recinto Juan Brugge, Adriana Nazario, Blanca Rossi, María Eugenia Brezzo y Agustín Calleri –todos del frente UNA, donde confluyen el exgobernador cordobés José Manuel De la Sota y Sergio Massa-; Andrés Guzmán, del Movimiento Evita; y los monobloquistas Ramón Bernabey y Juan Manuel Pereyra.
El Movimiento Evita había adelantado a través de un comunicado que no aportaría al quórum, pero Guzmán finalmente se hizo presente en el recinto. También se vio a los misioneros Jorge Franco y Silvia Risko, y al salteño Alfredo Olmedo.
“Estamos ante un conflicto con características politizadas. Aunque no tengamos número hoy, vamos a insistir en una nueva sesión”, aseguró Negri, y aclaró que “el principio de huelga no está en juego” con el proyecto que pretendía aprobar.
Las dos iniciativas incluidas en el temario consisten en una modificación del artículo 24 de la Ley 25.877 de Ordenamiento del Régimen Laboral, para obligar a los sindicatos que decidan tomar medidas de acción directa a prestar servicios mínimos.
Negri sostuvo que “hay que compatibilizar los reclamos colectivos y legítimos de los trabajadores ejerciendo el derecho constitucional de huelga con el derecho de los ciudadanos a tener un servicio mínimo de emergencia en el traslado”.
“Durante ocho días hemos vivido una huelga salvaje que no ha medido las consecuencias”, alertó Pretto, y Martínez Villada coincidió: “Se ha puesto en riesgo la vida de las personas”.
“Hemos estado ocho días azotados por una interna gremial partidizada, con tuits de la presidenta alentando a los gremialistas que hacían el paro”, advirtió la diputada de la CC, y se preguntó: “¿Cuál es el límite entre el derecho a la huelga y el derecho a la libertad, a la salud y la supervivencia del ser humano?”.
El conflicto se desató en Córdoba por el rechazo al 21% de acuerdo salarial -con cláusula gatillo- y un reclamo por la normalización de la UTA (Unión de Tranviarios Automotor) local, intervenida desde el año pasado. Frente a la medida de fuerza, el intendente Mestre puso en funcionamiento unidades de emergencia con custodia de Gendarmería y de la Policía local.
Finalmente, los choferes llegaron a un acuerdo que incluye la reincorporación de despedidos y el no descuento de las ocho jornadas de paro.
A través de un comunicado, el diputado del Partido Obrero Néstor Pitrola celebró el fracaso de la sesión especial “para cercenar el derecho de huelga” y la calificó como “un triunfo popular defensivo”.
“Para Mestre es una huelga salvaje porque nació desde las bases de los 4000 choferes cordobeses. En realidad los choferes sufren un ataque salvaje de despidos a quienes defienden el salario contra los acuerdos del gobierno, las patronales y sus socios de la burocracia o las mafias sindicales, como guste llamarlas”, denunció Pitrola.
