Será después de la visita que realizaron a diputados el ministro Germán Garavano y la titular de la OA, Laura Alonso. Hay resistencias en el seno del propio oficialismo.
En el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Legislación General que tendrá lugar este miércoles a partir de las 10, los diputados tratarán de emitir dictamen sobre el proyecto del Ejecutivo que introduce un régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas.
Sobre el tema se reunieron este martes a puertas cerradas el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, con diputados del interbloque Cambiemos, con el objeto de definir las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo al proyecto.
Las resistencias que existen incluso de parte de legisladores oficialistas a las modificaciones pone en riesgo la posibilidad de emitir dictamen este miércoles.
El proyecto fue elaborado por el Gobierno luego de que estallara el escándalo por el acuerdo con el Coreo Argentino, y busca sancionar a empresas y no sólo a personas físicas por delitos de corrupción y por sobornos transnacionales en perjuicio del patrimonio del Estado.
A instancias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se incluyeron en el texto una serie de cláusulas transitorias que suavizaron el proyecto. Puntualmente se incluyeron tres cláusulas, una de las cuales ofrece posibilidad de que una empresa sospechada de corrupción sea transferida o fusionada que quede exenta de cualquier sanción si aplica una plan integral de cumplimiento con las normas de transparencia.
El proyecto ahora introduce la figura del colaborador eficaz, que aplica sobre aquel ejecutivo que aporte información sobre el delito cometido, una instancia que diputados de la oposición rechazan, argumentando que tal medida podría representar un perdón a empresas como Odebrecht, cuyos delitos ya se cometieron, para que puedan seguir operando con normalidad a cambio de pago de una módica multa.
Se objeta la eliminación de la responsabilidad de los proveedores y contratistas en los casos de corrupción, una iniciativa que adecuaría la legislación argentina a los compromisos internacionales firmados con organismos como la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Al no existir consenso, no hay garantías de que se alcance el dictamen, pero ante ello diputados del macrismo propusieron sacar dictamen con una mínima cantidad de firmas, para luego negociar el texto en el recinto con los propios diputados oficialistas que tienen cuestionamientos y el massismo, que es la bancada que estaría más cercana a la posibilidad de acompañar al oficialismo.
En caso de lograrse dictamen, el proyecto llegaría al recinto el 28 de junio junto a otro paquete de leyes penales que está pendiente en la Cámara baja.
