Impulsado durante la gestión de Raúl Alfonsín, el 12 de junio de 1987 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Divorcio, que llevó el número 23.515, que habilitó finalmente en la Argentina la separación legal de los cónyuges y la posibilidad de que los mismos se casasen nuevamente.

Fueron sus principales impulsores el diputado nacional del radicalismo José Bielicki, y su par peronista Néstor Perl, que recogieron la norma sancionada en 1954 durante la presidencia de Juan Domingo Péron, que fuera anulada por los militares tras su caída, en 1956.

Evoca la sanción de la Ley de Divorcio el periodista Fernando del Corro en la agencia estatal Télam, en una nota donde recuerda que fue determinante para que los propulsores de la Ley 23.515 llevaran adelante su iniciativa el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27 de noviembre de 1986 que rechazó la apelación de las partes reclamando su derecho a volver a contraer matrimonio, calificando como anticonstitucional la norma vigente, en la causa “Sejean, Juan B. c/ Zaks de Sejean”, por lo que la sanción de la nueva norma provocó lo que algunos llamaron “un boom de nuevos casamientos”.

Posteriormente hubo un avance parcial en esa dirección, en 1968, siendo presidente de facto Juan Carlos Onganía, a través de la reforma al Código Civil concretada por el ministro del Interior, Guillermo Antonio Borda, mediante la Ley 17.711 que autorizó el divorcio por mutuo acuerdo e incluso estableció que los bienes matrimoniales, hasta entonces administrados en exclusividad por el hombre, pasaran a ser un bien común por lo que su venta debía ser convalidada también por la esposa, puntualiza Del Corro, que destaca que tras la efímera duración del divorcio en tiempos de Perón, que exacerbó su confrontación con la jerarquía católica, y de la norma de 1968, del jurista Borda, que exigía el mutuo consentimiento de las partes, se llegó a la Ley 23.515 que minimizó las exigencias para la aprobación del divorcio y estableció las condiciones para habilitar un nuevo casamiento.

Aprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados pasó al Senado donde se le realizaron algunas modificaciones, luego aceptadas por la primera donde se destacaron las intervenciones de los ya mencionados Perl y Bielicki, además del diputado radical Carlos Spina, mientras fuera del ámbito parlamentario se produjeron algunas reacciones adversas como la del entonces gobernador de La Rioja Carlos Saúl Menem.

Evoca Del Corro que el 31 de julio de 2015 se sancionó un nuevo Código Civil y Comercial (unificó a ambos códigos vigentes hasta entonces) que liberalizó aún más la tramitación del divorcio y estableció nuevas normas familiares más liberales como la creación de la unión convivencial e incluso estableció la aplicación del mismo para los trámites iniciados con anticipación.