Ante la baja de pensiones a personas con discapacidad, la senadora Marina Riofrío recordó que la Ley 27.044, de su autoría y sancionada en 2014, “otorgó Jerarquía Constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, brindando así una mayor protección a este sector de la población y la posibilidad de que se reclame esta disposición a través de medidas cautelares, respaldadas, ni más ni menos, que por nuestra Carta Magna”.

“Las medidas del Ejecutivo Nacional develan la falta de comprensión respecto del tema, al desconocer que lo que está en juego no es un ‘beneficio’ ya que los destinatarios de dichas pensiones no son beneficiarios sino titulares de derechos, y reconocer esto conlleva una enorme responsabilidad”, sostuvo la legisladora.

En este sentido, consideró que “la normativa que se aplica contradice el texto de la Convención, que tiene por objeto promover, proteger y asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna”.

También, la sanjuanina remarcó: “no es un dato menor que el mismo Estado que está restringiendo estos derechos a través del recorte de las pensiones, sea el mismo que incumple con el cupo laboral del 4% asignado a personas con discapacidad, que según informó el jefe de Gabinete en la pasada sesión informativa, es sólo del 0,95%”.

“Estos porcentajes, sumados a las medidas recientemente adoptadas, demuestran que lejos está el Estado Nacional de garantizar condiciones de vida dignas a las personas a las que les ha suspendido la prestación. Según diversas estimaciones, la Comisión Nacional de Pensiones dio de baja 170.000 de estas pensiones y en lo que va del año superan las 70.000”, agregó.

Por último, Riofrío expresó que “somos conscientes de que hay medidas a revisar e implementar, pero no podemos aceptar que la variable del ajuste sean las personas más vulnerables. Apelamos a que el Gobierno nacional revea las medidas que afectan a los sectores más desprotegidos y pueda diseñar políticas públicas que promuevan y protejan sus derechos humanos”.

Ante la polémica desatada, el Ministerio de Desarrollo Social aseguró que “revisará” las pensiones que fueron dadas de baja, y que eso sólo será para quienes presenten quejas ante el centro de atención de la cartera.