El bloque de diputados de la UCR presentó este jueves con un proyecto de declaración en el que pide al Poder Ejecutivo flexibilizar los requisitos para acceder a pensiones por vejez e invalidez, y ampliar el universo de beneficiarios, en medio de la polémica desatada por el recorte del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley.

“Resulta inadmisible que consideren incompatible y le suspendan la pensión a una jubilada que cobra la mínima y tiene una persona con discapacidad a su cargo”, sostuvo Soledad Carrizo, autora del proyecto que reúne en total 15 firmas, entre ellas la del jefe del interbloque oficialista, Mario Negri.

Según Carrizo, “con este proyecto se pretende una ampliación del universo de sujetos beneficiados, tendiente a modificar la actual modulación reglamentaria que hoy provoca graves perjuicios y desequilibrios para personas con discapacidad y adultos mayores”.

La legisladora cordobesa explicó que los cambios propuestos “responden a un proceso de extensión de derechos a sujetos vulnerables, de acuerdo a los distintos tratados internacionales y demás obligaciones internacionales asumidas por nuestro país”.

En el texto, el radicalismo sugiere modificar aquellos artículos del decreto 432/97 que “disponen requisitos gravosos y restrictivos para el otorgamiento de las pensiones por invalidez y vejez”.

El objetivo es que, con esta intervención, sea el mismo Ejecutivo Nacional el que readecúe esta norma reglamentaria en conformidad a los principios protectorios de discapacidad y vejez dispuestos en la Convención de los Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre los Derechos de Adultos Mayores que en nuestro país gozan de jerarquía constitucional.

Carrizo argumentó que “la aplicación rigurosa” que el Gobierno está haciendo de dicha reglamentación “ha causado una profunda preocupación en la ciudadanía por el sinnúmero de suspensiones y resulta inadmisible que consideren incompatible y le suspendan la pensión a una jubilada que cobra la mínima y tiene una persona con discapacidad a su cargo”.

“Dicha reglamentación -amplió la diputada nacional- debe readecuarse hoy según criterios de justicia social y dignidad previstos por nuestra Constitución Nacional, porque el origen de la problemática que ha tomado estado público no es la intencionalidad del Ejecutivo nacional de recortar beneficios, sino los requisitos y condiciones que el propio decreto reglamentario de 1997 establece para la concesión”.

Qué propone el proyecto

Se pretende una ampliación del universo de sujetos beneficiados: en los términos actuales, el artículo 1 -incisos “f” y “g”- y el articulo 3 del anexo del decreto 432/97 establecen condiciones incompatibles con la dignidad de sujetos vulnerables como son las personas que sufren discapacidad y se encuentran en la etapa de la vejez.

“Los requisitos actuales requieren un estado de desamparo exorbitante, y el asistencialismo estatal no debe estar guiado por criterios de indigencia y miseria, sino de acompañamiento y auxilio para que todos los habitantes del país puedan alcanzar un proyecto de vida e integración social plena”, sostuvo Carrizo.

Por eso, se solicita que se flexibilicen los requisitos que implican que el peticionaste y su cónyuge no se encuentren ya amparados por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna; y que no resulte excluyente para su otorgamiento no tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos.

El proyecto también pide que se elimine el límite máximo de dos beneficios por familia, aún en el caso de que en el mismo núcleo hubiese más personas con discapacidad.

Además de Carrizo y Negri, acompañan la iniciativa los diputados Clara Vega, Héctor Roquel, Ricardo Alfonsín, Luis Borsani, Hugo Marcucci, Héctor Olivares, Carla Carrizo, Brenda Austin, Gabriela Albornoz, María de las Mercedes Semhan, Diego Mestre, Patricia Giménez y Horacio Goicoechea.