Por Melisa Jofré

En el instante que intentaba abandonar esa tormentosa vida, Claudia Schaefer, fue asesinada en el vestidor de su habitación por Fernando Farré. La víctima había denunciado anteriormente a su marido por violencia de género e iniciado los trámites de divorcio. Pero el 21 de agosto de 2015, en el country Martindale de Pilar, el empresario la degolló por la espalda, provocándole la muerte con 74 puñaladas.

El femicidio, un flagelo que dolorosamente va en aumento en Argentina, conmovió a gran parte de la sociedad, esa misma que casi dos años después siguió expectante el fallo contra el homicida. El desahogo de una familia, mezclado con alegría y dolor, llegó cuando el jurado integrado por 12 miembros resolvió, en forma unánime y sin dudas, la culpabilidad de Farré.

La selección del juicio por jurados, opcional en la provincia de Buenos Aires a partir de la Ley 14.543 sancionada en 2013, abrió nuevos interrogantes sobre la implementación de este método y su efectividad para la declaración de una condena. “El fallo fue contundente. Los doce jurados reconocieron la figura del femicidio; esto fue un mensaje muy importante y ha sido algo muy movilizador”, destacó sobre el caso la diputada Gabriela Burgos.

Impulsora de la aplicación de este sistema en todo el territorio nacional, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aseguró en diálogo con parlamentario.com que “el juicio por jurados eleva el estándar de la justicia argentina”. En esa línea, consideró que el país “tiene una deuda de 164 años” ya que se trata de “un viejo mandato”, establecido en los artículos 24, 75 -inciso 12- y 118 de la Constitución Nacional.

“Nosotros lo importamos de la Constitución norteamericana, pero en el historial de nuestra república hubieron oportunidades en las cuales estuvo presente el tema. En 1811, a través de un decreto, de seguridad individual y libertad de imprenta, se instalaba un juicio por jurados. En 1812 también hubo juicios criminales. Hay varias situaciones previas a la sanción de la Constitución, donde existieron intentos de tratar de implementarlos”, detalló.

Burgos, del interbloque oficialista y en constante contacto con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, señaló que “el juicio por jurados está dentro del programa Justicia 2020”, que impulsa la cartera conducida por Germán Garavano. Incluso, dijo que existen “posturas diferentes de cómo sería. No sé si sería más proclive al que tiene Córdoba o al clásico. Aunque la mayoría se inclina por el clásico, que es el que se da en Buenos Aires”.

Actualmente, este mecanismo se está implementando en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Neuquén y Río Negro; y asimismo se encuentra en vías de estudio en La Rioja y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Hay un efecto que está tratando de envolver a las demás provincias, porque sin lugar a dudas esto eleva el estándar de lo que es la justicia y da mayor legitimidad al fallo que termina de establecer un jurado”, insistió la legisladora.

“Son 12 personas que se tienen que poner de acuerdo. A veces una sola persona puede ser motivada por algunos intereses, o muchas veces porque es el trabajo que hace el juez. En cambio, estas personas, que son legas, asumen una responsabilidad. Creo que tienen ese sentido de justicia en su estado natural, sin ningún tipo de contaminantes, y lo hacen a conciencia, sinceramente. Toman en forma muy seria el declarar inocente o no a una persona”, resaltó.

Sobre este punto, agregó que “hay ciertas sensibilidades e intuiciones que pueden llegar a percatar con mayor nitidez un jurado” que un solo magistrado. Además, Burgos enfatizó que el jurado “hace una interpretación de la ley de acuerdo al caso particular y vuelca los valores que la sociedad tiene en ese momento”. Por otra parte, indicó que en el rol de los fiscales “hay una mayor preocupación y ocupación” a la hora de presentar los elementos probatorios para que sean evaluados por los jurados, por lo que tienen “una responsabilidad muy grande”.

La radical jujeña también se refirió a las modificaciones que deberán darse a nivel infraestructura para su aplicación en todo el país, aunque no cree que esto “sea un motivo para detener la intención de implementar el juicio por jurados”. “Sí va a ser algo para tener en cuenta y una preocupación. Por ejemplo, en Neuquén se tuvieron que readaptar las salas donde se llevaban a cabo los juicios, justamente para que el jurado tenga un lugar específico. Necesariamente va a estar acompañado de una infraestructura para la contención y ubicación del jurado. Es un factor al cual hay que tenerlo en cuenta fundamentalmente”, manifestó al respecto.

En los fundamentos de su proyecto, Burgos apuntó que tomó como base un texto presentando en 2014 por el entonces senador Eugenio “Nito” Artaza. En ese momento, la iniciativa fue consensuada por distintas organizaciones y especialistas en la materia, y obtuvo en aquel momento un amplio consenso en el Senado pero no se logró su despacho.

Además de la propuesta elaborada por Burgos, la UCR tiene otros dos proyectos de los diputados Mario Negri y Diego Mestre. También hay iniciativas de los bloques Pro, Frente Renovador, Coalición Cívica, Libres del Sur, bloque del Bicentenario y UNA.

En la actualidad existen en la Cámara de Diputados 12 proyectos con estado parlamentario que impulsan, con sus respectivas coincidencias y diferencias, el juicio por jurados en todo el país. De esos 12, fueron nueve los que se presentaron (y algunos representaron) durante 2017. Pese a que en abril pasado las comisiones de Legislación Penal y de Justicia dieron el puntapié inicial con una reunión informativa –que contó con la participación de especialistas-, el debate continúa postergado en medio de un año electoral marcado por el retardo avance de distintos temas en el Congreso.