La senadora nacional por Compromiso Federal Liliana Negre denunció que para la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, “las personas con discapacidad son descartables”, y apuntó que tiene “algunas deficiencias en el asesoramiento legal” por la aplicación del decreto que habilitó la quita de pensiones por invalidez.

“El decreto por el cual ella dice que va a devolver -pero sigue sujetándose al decreto 432/97, que era del gobierno del presidente Carlos Menem-, fue anterior a la sanción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue en 2008, quedando derogado por la Convención posterior”, explicó Negre.

Según la legisladora, en esa Convención “se establece claramente que el derecho a la seguridad social es un derecho humano” y que las personas con discapacidad “tienen derecho a elegir su residencia, a servicios de asistencia, a vivir en igualdad de condiciones que el resto de las personas, a recibir asistencia financiera por parte del Estado, y no se les puede obligar a vivir en lugares y condiciones que afecten su autonomía”.

“Lo que ha hecho la ministra es tomar una medida que viola la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y fundamentalmente los Derechos Humanos. Ha violado los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, ha ignorado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue ratificado por nuestro país en el año 2008 por la Ley 26.378”, insistió.

Negre anunció en un comunicado que en las próximas horas presentará un amparo para frenar la disposición, y cuestionó el método aplicado por el Gobierno, que a partir de la polémica se comprometió a revisar caso por caso.

“Hay una metodología de trabajo: primero se hace un relevamiento, después un diagnóstico, luego se evalúa qué políticas públicas se tiene que utilizar y qué recursos administrativos se tienen que utilizar para dejar sin efecto los actos de corrupción y no afectar al resto. No pueden decir que no tienen gente para hacerlo porque ANSES tiene reparticiones en todo el país”, advirtió.

Finalmente, la puntana sostuvo que “alguien tiene que asumir la responsabilidad y pagar las consecuencias”, y concluyó que “la cabeza del Ministerio es responsable de la decisión”.