Es por la toma de 2.750 millones de dólares de deuda a 100 años de plazo, con una tasa nominal de más de 7%, que realizó el Gobierno Nacional. El fiscal Juan Pedro Zoni dio curso a la misma.
El fiscal federal Juan Pedro Zoni decidió imputar al ministro de Finanzas Luis Caputo por la emisión de un bono a cien años para tomar deuda por 2.750 millones de dólares. El fiscal, de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima le adjudica haber tenido “conductas delictivas en perjuicio de la administración pública nacional”, dando curso a la denuncia presentada el 22 de junio pasado por un grupo de diputados nacionales del FpV-PJ encabezados por el neuquino Darío Martínez por la toma de 2.750 millones de dólares de deuda a 100 años de plazo, con una tasa nominal de más de 7%, que realizó el Gobierno Nacional.
En el escrito, los legisladores pidieron investigar la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta y cohecho transnacional, por haber realizado el Gobierno “una ruinosa operación para los intereses del Estado, del fisco y del pueblo argentino de hoy y de las futuras generaciones”.
La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, y el fiscal Juan Pablo Zoni expresó este martes que “el presente impulso penal no puede soslayar el interés y trascendencia que reviste la temática denunciada, por las consecuencias y entidad de los perjuicios económicos que le generan al Estado Nacional las conductas imputadas”.
Observó el fiscal que “en los últimos días se han expresado públicamente distintos especialistas vinculados a la operatoria de bonos que han realizado diversos cuestionamientos sobre el endeudamiento denunciado que justifican la apertura de una investigación criminal en orden a estos hechos”.
En la denuncia de los legisladores K, que involucra también al presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro Nicolás Dujovne, se expresa que “esta escandalosa operación financiera que perjudica objetivamente los intereses argentinos, y solo beneficia a los inversores que adquirieron estos bonos, es un claro acto de administración contra los intereses del Estado”.
Asimismo, los legisladores argumentan que “la sola colocación de deuda a un siglo de plazo, superando incluso la ruinosa operación decidida por el entonces presidente Bernardino Rivadavia con la compañía inglesa Baring Brothers, ya debería mover a análisis. Pero si además esta operación de tomar deuda externa a cien años no se hace a una tasa de interés sensiblemente inferior a la que hoy está consiguiendo el Estado nacional cada vez que requiere financiamiento externo a plazos menores, el perjuicio para el Estado provocado por esta decisión de eternizar una alta tasa de interés a pagar comporta una clarísima acción de administración en contra de los intereses del Estado argentino”.
La presentación judicial de Martínez fue acompañada por Emilia Soria, Silvina Frana, Verónica Mercado, Guillermo Carmona, Marcos Cleri, María Teresa García, Nilda Garré, Oscar Anselmo Martínez, Carlos Castagneto, Alicia Soraire, Alberto Ciampini, Martín Doñate y Juan Manuel Pereyra.
