La titular de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR) destacó en la sesión de este miércoles que la ley de penas a empresas ayuda a “prevenir” la corrupción, y negó que se le quite responsabilidad a los funcionarios involucrados.

“La ley da mayor eficacia a las políticas de prevención en la lucha contra la corrupción, a través de la generación de incentivos, a fin de que sean las propias personas jurídicas las que puedan prevenir la comisión de delitos”, remarcó Burgos, miembro informante del oficialismo.

La radical jujeña aclaró que “nadie habla de quitarle responsabilidad a aquellos que tuvieron que ver con hechos de corrupción, que tendrán que rendir cuentas ante la Justicia”, y lamentó que “muchos de esos funcionarios ahora lamentablemente siguen cumpliendo funciones como legisladores”.

Además, puntualizó que el proyecto “amplía la jurisdicción del Estado nacional para el juzgamiento de los funcionarios argentinos y de las personas jurídicas domiciliadas en territorio nacional en los casos específicos de sobornos a funcionarios nacionales y extranjeros”.

Burgos explicó que las personas jurídicas hoy ya son susceptibles de ser penalizadas por la comisión de otros delitos, como desabastecimiento, delitos aduaneros, contra el orden económico y financiero, y por financiamiento del terrorismo.

También, al fundamentar la importancia de la norma, señaló que “de los 40 países que conforman la OCDE, Argentina es el único que no cumplió, desde 2001, en establecer en su régimen interno este tipo de sanciones”.