“No soy una militante antivacuna”, se atajó este jueves la diputada nacional Paula Urroz ante la repercusión negativa que despertó su proyecto presentado en la Cámara de Diputados para terminar con la obligatoriedad de la vacunación.

En efecto, el proyecto de ley en cuestión, presentado el pasado 11 de mayo, establece en su artículo 1° que “las personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente una información fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico, en cumplimiento del derecho al consentimiento informado establecido en el Capítulo III de la Ley 26.529”.

Según la legisladora, se ha “malinterpretado el proyecto”, y aseguró que lo que pretende es “aportar a la protección de la población que se ejerce desde el Estado”. Entrevistada por radio Mitre, Urroz señaló que su proyecto dice que “se incorpore en la vacunación el derecho al consentimiento informado”.

Sostuvo en ese sentido que “el responsable de esta decisión no son los padres, sino un profesional médico”, que es el que debe establecer el riesgo por los efectos de la vacunación. “No es la intención del proyecto” ir en contra del sistema de vacunación, aseguró, insistiendo en que simplemente lo que pide es que “se incorpore el derecho del consentimiento informado”, y que la persona a ser vacunada “pueda negarse por indicación o prescripción médica”. En ese caso, “la responsabilidad será del médico”.

El proyecto establece que la Secretaría de Salud debe proveer folletos explicativos, y agrega que en los lugares públicos y privados donde se suministren vacunas de cualquier tipo “deberá exhibirse de forma visible un cuadro informativo donde se advierta sobre las contraindicaciones para la aplicación de las vacunas”.

Asimismo la iniciativa de la diputada del Pro señala que “en caso de presentarse efectos adversos de cualquier naturaleza, el damnificado o sus representantes legales tendrán la obligación de denunciarlos ante la Secretaría de Salud”, y la diputada propone a su vez la creación de un Registro de Efectos Adversos por Vacunación, a los efectos de poder documentar el análisis de esa información.

“La intencionalidad del proyecto no es un ataque a la vacunación, ni que se prohíban las vacunas”, se atajó la diputada, que advirtió que “esto tiene una utilización política terrible, que lamento mucho”.