El diputado de CNLM Gabriel Fuks impulsó en el Palacio Legislativo un proyecto de ley, mediante el cual prevé limitar el acceso a las armas de fuego a aquellos efectivos policiales que son denunciados por violencia de género y/o familiar, con el objetivo de establecer un mecanismo preventivo.
El legislador porteño CNLM Gabriel Fuks presentó este viernes en el Palacio Legislativo un proyecto de ley mediante el cual busca restringir el uso de armas de aquellos efectivos de la fuerza policial que son denunciados por violencia de género y/o familiar, con el objetivo de establecer un mecanismo preventivo.
En este sentido, Fuks explicó que “el proyecto tiene como objetivo que todos aquellos policías denunciados por hechos de violencia de género o familiar deberán entregar su arma reglamentaria -la que le provee el Estado-, para que no se traslade fuera de su lugar de trabajo específico” y recordó que “desde 2010 hasta 2015 se identificaron 20 femicidios cometidos por policías, el dato es que todos los casos fueron perpetrados por un arma de fuego, en su mayoría por la reglamentaria”.
Entre los fundamentos detalló que “según el Informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 2016 'Derechos Humanos en la Argentina', entre 1996 y 2015 al menos 163 mujeres fueron asesinadas por miembros de fuerzas de seguridad en el AMBA, y en un tercio de los casos, el homicida era un policía fuera de servicio” y señaló que “el proyecto busca que el personal de la Policía de la Ciudad sea capacitada y concientizada sobre esta problemática”.
La propuesta
La medida establece mecanismo que tiendan a “fomentar en la Policía de la Ciudad el desarrollo de servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales” y “elaborar protocolos específicos para la investigación y actuación policial a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la re victimización, facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial”.
Además, buscará “promover la articulación de la Policía de la Ciudad que intervenga en la atención de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil” y “sensibilizar y capacitar a los agentes policiales en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos”.
Asimismo, propone modificar un inciso de la Ley 1265 -Ley de procedimiento para la protección y asistencia de víctimas de violencia familiar-, en el cual establece que “en el caso en que el presunto agresor sea agente de la Policía de la Ciudad deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio de Justicia y Seguridad y ordenar el inmediato retiro del arma reglamentaria por el plazo y circunstancia que éste determine”.
