Buscan agravar las penas para padres que agredan a docentes

La Comisión de Asuntos Constitucionales y la de Justicia se reunieron para debatir acerca de una serie de modificaciones del Código Contravencional, para elevar las penas contra padres que agredan a docentes y para quienes violen una clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Justicia se reunieron este martes para debatir acerca de una serie de modificaciones a la Ley 1472 – del Código Contravencional-, con el objetivo de elevar las penas contra padres que agredan a docentes y para quienes violen una clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa.

De esta manera, en el encuentro se debatieron dos propuestas impulsadas por legisladores del Pro. La primera de ellas fue una iniciativa de la fallecida diputada Cecilia de La Torre, mediante la cual se buscará elevar al doble las penas cuando se hostigue-verbal o físicamente-, maltrate, intimide, pelee o agreda a los trabajadores de la educación y de la salud.

La medida se basa en que “en los últimos tiempos, padres o personas relacionadas con los alumnos agreden o protagonizan hechos de violencia en perjuicio de trabajadores docentes y no docentes, por cuestiones derivadas la función docente o de la convivencia en el ámbito escolar, afectando seriamente la seguridad personal de los trabajadores y perturbando la misión educativa y formativa que debe cumplirse en ese ámbito”.

“Similar situación se ha venido reproduciendo en el ámbito de la salud, donde los profesionales, auxiliares y personal que cumple allí toda clase de tareas, vienen sufriendo agresiones por parte de pacientes o personas que los acompañan, generando un clima de temor e intranquilidad que perturba el normal desenvolvimiento de los centros de salud”, explicaba la oficialista entre los fundamentos de la propuesta.

Mientras que el segundo de los expedientes es de autoría del jefe del Pro, Francisco Quintana, quien busca que mediante la modificación del artículo 73 de dicha Ley “se sancione con multas que van de 60 mil a 100 mil pesos o de 7 a 20 días de arresto, para quienes violen una clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, o incumplan una sanción sustitutiva o accesoria impuesta por infracción al régimen de faltas por sentencia firme de autoridad judicial”.

En este sentido, entre los fundamentos Quintana precisó que “en vista que los contraventores no se sienten afectados por la sanción pecuniaria y se siguen cometiendo violaciones de clausura, inhibimos en estos casos la sanción sustitutiva de ´trabajos de utilidad pública´, con el objetivo de desincentivar la conducta equívoca de los mismos”.

Los despachos fueron acompañados con las firmas de los diputados del Pro Francisco Quintana, Emilio Raposo Varela, Clodomiro Risau, Juan Pablo Arenaza, Victoria Roldan Méndez, Daniel Presti, Agustín Forchieri, Alejandro García y José Luis Acevedo; del FpV Javier Andrade, José Cruz Campagnoli y Carlos Tomada; de la CC ARI Paula Oliveto Lago; y del Bloque Peronista, María Rosa Muiños.

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