El agregado, formulado a último momento, fue impulsado por el Frente Renovador. También se elevó a cuatro años el mínimo de las penas para los delitos contra la administración pública.
Fue un agregado que no estaba en los planes, pero que fue votado por amplia mayoría. La Cámara de Diputados incorporó este miércoles al proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para las personas físicas, y además elevó el mínimo de la pena establecida para estos ilícitos.
Se trata de dos nuevos artículos que fueron sumados al texto consensuado en el recinto, tras un prolongado cuarto intermedio. El pedido fue formulado por el Frente Renovador -que tiene presentado un proyecto integral de Código Penal-, y resultó aprobado a propuesta de la diputada Mónica Litza una vez que fracasó el polémico artículo referido a los acuerdos retroactivos de colaboración de las empresas por la vía administrativa.
El primer agregado declara la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública -violación de los deberes de funcionario público, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, prevaricato, entre otros-.
El nuevo artículo obtuvo 123 votos a favor, 79 en contra y 14 abstenciones. Todo Cambiemos se pronunció a favor, a excepción de la radical Karina Banfi, que se abstuvo. Según supo este medio, algunos diputados del oficialismo que acompañaron la votación tenían reparos hacia la imprescriptibilidad. Los rechazos fueron del Frente para la Victoria, la izquierda y otros bloques minoritarios.
En segundo término, se elevó a cuatro años el mínimo de la pena para todos los delitos de corrupción, como modo de garantizar que no sean excarcelables. En este caso el kirchnerismo sí acompañó, y el agregado resultó con 195 votos positivos, 12 negativos –de la izquierda y el Movimiento Evita- y 9 abstenciones, entre las que volvió a figurar Banfi.
