Una encendida discusión se produjo este miércoles en la Cámara de Diputados en torno al artículo 37 de la Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. La redacción propuesta por Cambiemos cayó con 87 votos afirmativos contra 131 negativos. La oposición advirtió por su “inconstitucionalidad” y además lo tildó como artículo “Odebrecht”.

A pesar de que se estimaba que el oficialismo eliminaría ese punto, en el recinto insistió con dar luz verde a la posibilidad de que las empresas puedan acogerse voluntariamente a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz “por hechos anteriores a la sanción de la ley”, con la única intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación, con aval de la Sindicatura General de la Nación. Pero fracasó.

Enfático, el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez defendió el artículo alegando que “como la justicia no se mueve, y como parte de ustedes son cómplices, sin necesidad de serlo, porque hay que ver cuando se vote el desafuero (en referencia a Julio De Vido), la autoridad administrativa puede hacer un acuerdo para que la empresa, que ya no tiene nada que perder, dé los nombres. Sin darle nada”. “El problema es que si la justicia no llama y los otros cubren, acá van a pasar años hasta que pase algo”, agregó. En tanto, Elisa Carrió sostuvo que “para recuperar lo robado es necesario esto”, en referencia al artículo 37.

De la vereda contraria, la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, cargó: “El bloque de Cambiemos sabe que lo que está proponiendo es inconstitucional, y sabe que no va a ser gobierno para toda la vida. Resulta sumamente peligroso por las atribuciones que le estamos dando al Poder Ejecutivo”. Y subrayó que el artículo “no es posible en un régimen republicano y de división de poderes, lo tiene que hacer la justicia aunque a veces sea lenta y a veces no nos guste”.

El presidente del FpV-PJ, Héctor Recalde, dijo que el artículo 37 es “inconstitucional” y señaló estar ante “un problema de institucionalidad, que tiene que ver con la separación de poderes”. Adelantó que, en caso de aprobarse, se generaba “inseguridad jurídica”. Por su parte, la legisladora Alcira Argumedo (Proyecto Sur) expresó que “esta clave es una trampa” porque al involucrar a la Procuración del Tesoro en el acuerdo, interviene “el procurador (Bernardo Saravia Frías) que es abogado del grupo Macri”.

Ante las críticas, el radical Luis Petri consideró que este artículo es “una herramienta clave e imprescindible en mano de jueces y fiscales”. “Queremos investigar la corrupción del pasado, sobre esto no tiene que quedar ninguna duda”, justificó. Por eso, planteó una redacción alternativa -la que finalmente cayó en la votación- que indicaba que “desde el inicio de la negociación del acuerdo deberá participar un representante del Ministerio Público Fiscal y de la Auditoría General de la Nación”, y que luego “el juez evaluará la legalidad y razonabilidad de las condiciones acordadas y la colaboración pactada, y decidirá su aprobación o rechazo”.

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, reclamó que “había un acuerdo de que el artículo 37 volaba de la redacción” y remarcó que incluso “la concesión la tuvieron que hacer hacia el interior de su propio bloque”. Acusó al oficialismo de que “ellos quieren quedar como los únicos que están contra la corrupción” y “quieren pegar a todo el resto del mismo lado”. “La corrupción se va a terminar el día que haya un gran acuerdo de la política, y el día en que la sociedad deje de votar a los corruptos”, enfatizó y dijo que la “inconstitucional” del artículo la podía plantear hasta “un chico de primer año de derecho”.

Por el bloque Justicialista, Pablo Kosiner cuestionó el lugar que ocupaba el artículo en la ley: “Está como si fuese una cláusula transitoria y busca vulnerar la irretroactividad de la ley penal”. “Todos llegamos aquí convencidos de que el oficialismo iba a retirarlo”, fustigó. También, resaltó que “un gobierno que lleva un año y siete meses también tiene pasado”. “Los funcionarios públicos del pasado que han cometido delitos tienen que ir presos, sean del gobierno pasado o del que está”, expresó, pero afirmó que “no vamos a ser cómplices de ningún paraguas de impunidad con ningún empresario”.

El jefe del bloque Pro, Nicolás Massot, que condujo al interbloque oficialista en ausencia de Mario Negri, manifestó: “Somos receptivos de las críticas, pero estamos convencidos de que es una vía, además de legítima, necesaria”.

La socialista Alicia Ciciliani y el radical Ricardo Alfonsín propusieron por su parte diferentes redacciones para reemplazarlo. Pero luego del fracaso de la propuesta oficial del artículo 37, se abrió una discusión reglamentaria sobre si se podía votar o no un artículo alternativo, ya que Cambiemos no había aceptado esas modificaciones. Finalmente, tras un extenso cuarto intermedio en el que se reunieron los jefes de bloques, Massot aceptó el fracaso del artículo. “No hemos podido unificar la posición”, dijo y sostuvo que para garantizar la “importancia de la ley” y “evitar cualquier pérdida de legitimidad” la iniciativa de Ciciliani, la cual apoya el oficialismo, se debatirá como un proyecto aparte. El mismo propone la creación de una bicameral investigadora del caso Odebrecht.