El exgobernador Sergio Urribarri está acusado por el supuesto delito de “peculado y negociaciones incompatibles con la función pública” en los que habría incurrido en sus tiempos de gobernador.
Los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa imputaron este jueves al exgobernador entrerriano y actual diputado provincial Sergio Urribarri por “peculado y negociaciones incompatibles con la función pública”.
El origen de esta denuncia con contrataciones para la 47° Cumbre de Presidentes del Mercosur, celebrada en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, en diciembre de 2014, mientras Sergio Urribarri era gobernador.
Según informó la agencia estatal Télam, los fiscales consideran que el actual presidente de la Cámara de Diputados provincial “sustrajo de la partida presupuestaria asignada para la organización de la Cumbre del Mercosur la suma de $28.400.000” con el fin de “instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones del año 2015”.
En la causa aparece el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, mencionado en la causa Odebrecht, en este caso como propietario de una productora, “Nelly Entertainment SA”, contratada para la difusión de cuatro avisos publicitarios transmitidos durante 15 días en diferentes canales nacionales y de distintas zonas del país. Esos avisos corresponden al decreto 4800/14 de fecha 9 de diciembre de 2014, por el cual se autorizó la contratación de la suma de 31.460.000 pesos para la difusión nacional de cuatro spots publicitarios de la gestión de gobierno de Urribarri.
Según señala Télam, los fiscales estiman que Rodríguez, “además de conocer la diversa finalidad de la contratación, contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”.
Señala el escrito de los fiscales que Urribarri “sustrajo de la partida presupuestaria asignada la suma de $28.400.000 con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones del año 2015”.
Dicha contratación “se encuadró en el marco de la ley 10.327” promulgada en octubre de 2014 que facultaba al Poder Ejecutivo a “utilizar el procedimiento de contratación directa” para “obras, servicios, suministros y realizar toda otra compra u operación”, aunque no era “necesaria ni inherente para la realización de la cumbre”.
Los 31.460.000 de pesos se habrían direccionado a la empresa de “Corcho” Rodríguez, “hechos que fueron de autoría de Urribarri”, según la acusación.
Urribarri fue citado como imputado para el próximo 31 de agosto, oportunidad en la que será notificado sobre la imputación en su contra, por “negociaciones incompatibles y peculado concursados idealmente en su carácter de partícipe, tipificado en los artículos 261, 265 y 45 del Código Penal”.
