La Oficina Anticorrupción (OA) celebró la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados su proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria en casos de corrupción, como así también la imprescriptibilidad y el aumento de penas para delitos de corrupción de los funcionarios públicos.

Tras la media sanción que obtuvo la ley de Responsabilidad Penal Empresaria en casos de corrupción en la Cámara de Diputados, la Oficina Anticorrupción expresó su satisfacción y pidió al Senado que siga el mismo camino y apruebe la normativa que fue elaborada por la OA y enviada al Congreso por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien en la apertura de las sesiones ordinarias del actual año pidió que se trate y se sancione.

Esta iniciativa permite sancionar a las empresas -y no sólo a las personas físicas- por delitos de corrupción y promueve la cooperación entre el sector público y el sector privado, ya que prevé la posibilidad de lograr acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos.

Además, no solo penaliza sino que también busca introducir buenas prácticas y dotar de mayor eficacia a las políticas de lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos -como sanciones y mitigación de ellas- por tener normas de integridad, para que las empresas prevengan la comisión de delitos e implementen programas de integridad y “compliance”.

La secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, afirmó que la media sanción lograda en la Cámara de Diputados es un “gran paso” para promover la transparencia y la integridad. “Esto ha sido posible por el impulso del Poder Ejecutivo y por la búsqueda de consensos entre los diputados”, expresó Alonso, y agregó que “esperamos ansiosos el debate en el Senado para que sea ley cuanto antes”.

Por su parte, la directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Mora Kantor, consideró que esta media sanción “es un paso hacia que la Argentina implemente una ley que permita algo que hoy no existe, que es sancionar a las empresas y otras personas jurídicas por corrupción” y sostuvo que mejorará la reputación del país, ya que “la ley incentiva la prevención dentro de las empresas de los delitos de corrupción y la colaboración para la investigación de la corrupción entre el sector público y el sector privado”.

En el plano internacional, contar con esta ley -que ya la tienen otros países como Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, España y Francia- es un requisito indispensable para incorporar a nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es fundamental aprobarla para cumplir con los compromisos internacionales ya asumidos al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción o la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE.

Argentina es el único de los 41 países ratificantes de la Convención OCDE que no tiene una Ley de Responsabilidad Penal Empresaria en casos de corrupción.