Gran polémica generó el miércoles pasado en la Cámara baja el debate del artículo 37° del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, y fueron varios los señalados por haber votado en contra del mismo, finalmente frenado.

Entre ellos estuvo el diputado nacional Alfredo Olmedo, que explicó ante la prensa las razones de su decisión. Señaló en ese sentido que ese artículo lo que establecía era que el Poder Ejecutivo Nacional podía, a través del procurador General de Tesoro, “negociar con cualquier empresa o empresario coimero haciendo un acto administrativo y eludiendo la participación y el accionar de la Justicia”.

Para el legislador salteño, “esto es inconstitucional, ya que la Procuración del Tesoro es un organismo que está para investigar los negocios de Estado, y transara con cualquier empresa un arreglo que deje afuera toda investigación judicial, siendo esto un acto administrativo que no tiene validez, y violatoria de toda la escala normativa decreto o ley, este articulo era totalmente inconstitucional y podría haber recibido muchos amparos”.

Según Olmedo, “en esos actos administrativos de colaboración eficaz solo intervendrá el procurador del Tesoro Nacional, o sea el jefe de todos los abogados que litigan a nivel nacional e internacional, representando los intereses del Gobierno Nacional, la Sindicatura General Nacional. Este jefe de abogados es designado por el presidente de turno; si hay corrupción del gobierno anterior, de éste o del que venga, yo solo quiero que actué la justicia, que es la única forma de respetar la división de poderes”.