El oficialismo quiere convocar para ese día a la Comisión de Asuntos Constitucionales. A los proyectos para expulsar al exministro de Planificación se sumó una iniciativa alternativa del interbloque del Frente Renovador. Se analizarán dos posibles vías.
El interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados resolvió abrir un impasse de negociación con la oposición hasta el próximo martes 18, con el fin de hallar una salida consensuada al caso de Julio De Vido, ya descartada la posibilidad del desafuero en una causa por presunto desvío millonario de fondos.
En una reunión a puertas cerradas, los diputados Pablo Tonelli, Nicolás Massot (Pro), Miguel Bazze (UCR) y Fernando Sánchez (CC) decidieron “patear” la discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales para la semana próxima, no sólo para acordar con el resto de las fuerzas -sobre todo, con el massismo-, sino también ante la dificultad de reunir el quórum y sesionar, aunque sea, en minoría.
El oficialismo pretendía avanzar con la expulsión de De Vido amparándose en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita la posibilidad de “remover” a un diputado o senador del Cuerpo “por inhabilidad física o moral”, con el aval de dos tercios de los presentes.
En ese sentido, Cambiemos pretendía echar mano a tres proyectos de ley con estado parlamentario, presentados por Elisa Carrió (Coalición Cívica), Eduardo Costa (UCR) y Silvia Lospennato (Pro), para apartar al diputado del Frente para la Victoria-PJ.
Sin embargo, este lunes se sumó un proyecto de ley de Julio Raffo, aliado del interbloque del Frente Renovador-UNA, para requerir copias de las causas penales que involucran a De Vido y “suspenderlo” en virtud de otro artículo de la Carta Magna, el 70.
Según dicho artículo, “cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”.
En paralelo, Raffo presentó otra propuesta para que los legisladores puedan prestar declaración indagatoria por escrito, con el fin de impedir que invoquen sus fueros y no se presenten a declarar, lo que según el autor “obstaculiza el proceso penal”.
Sea cual fuere finalmente la vía elegida, hay una certeza ineludible: Cambiemos necesita sortear primero el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con mayoría simple para el dictamen favorable, y luego debe reunir dos tercios de los votos emitidos para aprobar cualquier proyecto de esta naturaleza en el recinto.
La comisión tiene 34 integrantes, de los cuales 14 pertenecen a Cambiemos, nueve al Frente para la Victoria-PJ, cinco al interbloque del Frente Renovador -sumados a Margarita Stolbizer, del GEN- y dos al bloque Justicialista; los restantes son Remo Carlotto (Movimiento Evita), Franco Caviglia (Juntos por Argentina) y Silvia Risko (Frente Renovador de la Concordia misionero).
