El ministro de Justicia se presentará a partir de las 15 en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Con numerosas modificaciones, la iniciativa recibió media sanción de Diputados la semana pasada.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, defenderá este martes el proyecto de ley sobre el Régimen de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas, que recibió media sanción de Diputados la semana pasada.
El debate de la ley comenzará en la Cámara alta con la exposición del funcionario, a partir de las 15 en el Salón Illia, en el marco de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el senador Pedro Guastavino (PJ-FpV).
Hasta este mismo martes, la media sanción todavía no había sido girada desde la Cámara baja a dicha comisión del Senado. Cabe señalar que en la sesión del pasado miércoles, la iniciativa sufrió numerosos cambios dentro del recinto. El más significativo fue la extirpación del artículo 37°, rechazado por la oposición y que permitía que las empresas que incurrieron en el pago de sobornos a funcionarios pudieran aportar datos ante la autoridad administrativa para activar causas penales.
La iniciativa establece que el régimen de responsabilidad fiscal se aplicará en los delitos previstos en el Código Penal cometidos por personas de capital extranjeros con o sin participación estatal.
Las multas serán de un 0,5 a un 10 por ciento de los ingresos brutos anuales que la empresa condenada hubiera tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito.
Para el caso de las personas jurídicas que se hayan constituido en el plazo de doce meses a la comisión del delito o no hayan declarado ingresos en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, serán sancionadas con multas de entre el 0,5 y el diez por ciento de los ingresos brutos promedio registrados al momento de la comisión del delito.
Por otra parte, se indica que el Ministerio Público Fiscal y la persona jurídica acusada podrán celebrar un acuerdo de colaboración eficaz por medio del cual el imputado se obligue a cooperar, a través de la relevación de información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y el recupero del producto o las ganancias del delito. En ese sentido, el acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse hasta la citación a juicio.
El proyecto establece que la recaudación por el cobro de multas se destinará a los ministerios de Educación y de Salud. Si el delito fuera cometido en una jurisdicción provincial, será la gobernación la que decida el destino de esos fondos.
Asimismo, se declaró la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública -violación de los deberes de funcionario público, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, prevaricato, entre otros-. Y se elevó a cuatro años el mínimo de la pena para todos los delitos de corrupción, como modo de garantizar que no sean excarcelables.
Se espera que en el Senado, la media sanción tenga más modificaciones, lo que obligará su vuelta a Diputados.
En la reunión de este martes también se debatirá un proyecto de ley para incorporar al Código Procesal Penal el juicio en ausencia.
