La bancada de diputados que encabeza Héctor Recalde salió al cruce de una eventual destitución por decreto de Alejandra Gils Carbó y denunció una serie de “ataques a la institucionalidad”.
El bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ salió en defensa de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, al calificar de “ataques a la institucionalidad” los intentos de destitución de esa funcionaria mediante lo que consideraron “procedimientos no contemplados en la Constitución nacional”, por estimar que los mismos atentan contra la seguridad jurídica y, agregaron, ello “no genera un clima propicio para que lleguen inversiones a nuestro país”.
El bloque que preside Héctor Recalde ratificó así lo expresado en una conferencia de prensa realizada el pasado 24 de mayo contra lo que calificaron entonces como “la constante práctica de actos violatorios de institucionalidad”.
“El Gobierno de Macri quiere establecer un criterio de justicia basado en la defensa de sus intereses, propósitos y sean jueces y fiscales dóciles a sus pedidos y acciones, en definitiva, como Macri dijo ‘jueces que lo representen’”, expresó el bloque a través de un comunicado.
En su defensa de Gils Carbó, expresan como “prueba de su independencia” que “se opuso oportunamente a la fusión de Multicanal y Cablevisión, lo que hace el Gobierno con el linchamiento mediático al que la someten es querer dañarla para generar las condiciones para sacarla del medio”. Según los diputados kirchneristas, “lo que molesta de Gils Carbo es su firmeza, su gestión y su fortaleza de convicciones”.
Y a continuación, reiteraron una serie de actos que a juicio del bloque K representan actos “violatorios” de la institucionalidad, citando el supuesto “acortamiento” del mandato de Cristina Kirchner cuando el 9 de diciembre de 2015 la justicia dispuso que venciera el mismo a la hora 24; la designación de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción, modificando la ley para permitir que asuma pese a no ser abogada; como así también el pedido de juicio político a Arias Gibert y Marino por haber avalado el pago del aumento que los bancarios consiguieron en la paritaria por encima del techo del 18%.
Cuestionaron también la intervención de sindicatos, la salida de Carlos Balbín de la Procuradoría del Tesoro y las “escuchas ilegales” a Cristina Kirchner y su posterior difusión, entre otros temas.
