“Es necesario que la discusión por los fondos coparticipables a partir de la demanda bonaerense se dé en este Senado, órgano constitucional donde se encuentran representadas todas las provincias”, sostuvo la senadora nacional Sigrid Kunath (FpV PJ – Entre Ríos) quien planteó que “de avanzar ésto, sólo en 2017, representaría una merma de 3500 millones en el presupuesto entrerriano”.

En este sentido la legisladora destacó el importante acompañamiento de los senadores Pedro Guastavino (Entre Ríos), Marcelo Fuentes (Neuquén) y Omar Perotti (Santa Fe) y las senadoras Norma Durango (La Pampa), Beatriz Mirkin (Tucumán), María Ester Labado (Santa Cruz), Liliana Fellner (Jujuy), Teresita Luna (La Rioja) y María Inés Pilatti Vergara (Chaco), que firmaron su proyecto para declarar la preocupación por la demanda entablada por la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional para reformar la Ley Nacional 24.621 respecto a la distribución del 10 por ciento del impuesto a las ganancias y manifestar que el Senado es el ámbito propicio para dar el debate.

“La adhesión de legisladores y legisladoras de nueve provincias diferentes habla del interés y la preocupación que esta cuestión genera en las distintas jurisdicciones y de la voluntad de dar el debate en este sentido”, señaló Kunath, quien llamó a “no mirar el problema únicamente desde la perspectiva de Buenos Aires, sino teniendo en cuenta las implicancias que esto tiene para todas las provincias”, porque “en el hipotético caso de que por el cambio de las circunstancias fácticas el tope resulte injusto e inequitativo, una declaración de inconstitucionalidad y el reconocimiento de la pretensión de la actora provocaría el mismo efecto adverso sobre el conjunto de las otras provincias”.

Cabe recordar que el objetivo de la demanda bonaerense es “declarar la inconstitucionalidad del artículo 104 inc. B) de la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, en la parte que establece un tope de $650 millones anuales, así como también los incisos b) y d) del mismo artículo y el reconocimiento, en consecuencia del derecho al reintegro de las sumas no prescriptas que dejó de percibir, con más sus intereses hasta el efectivo pago”.

“Hoy sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien, al resolver un una situación en particular, perjudicaría al resto del país. Esto daría pie a que cada provincia promueva nuevas demandas por la inequidad que un fallo de tales dimensiones generaría”, advirtió. En este sentido, cabe destacar que en Entre Ríos se está trabajando en la contestación de la demanda que será en los primeros días de septiembre.