Otra para Julio De Vido. El diputado nacional, que esta semana verá complicado su futuro en la Cámara baja al iniciarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales una acción para desplazarlo de su banca, arrancó sumando otra denuncia este domingo. Fue en el programa de Jorge Lanata en Canal 13, Periodismo Para Todos, en el que se presentó un informe sobre adicciones en el que se detallaron supuestos negociados con centros de atención para adictos que se pagaron y nunca construyeron.

Los pagos se hicieron de manera parcial a diversos municipios o universidades a través del Ministerio de Planificación Federal y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar). El ministerio estuvo los doce años del kirchnerismo a cargo del ahora diputado Julio De Vido, y las supuestas irregularidades de la Sedronar fueron durante la gestión del cura Juan Carlos Molina.

Cabe recordar que precisamente Molina es el conductor del programa Rompiendo Moldes, de Radio Rebelde, en el que el sacerdote le realizó a Julio De Vido un muy complaciente reportaje el sábado de la semana pasada.

Según el informe, entre otras entidades la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) recibió 9 millones de pesos para la construcción de uno de esos centros pero nada se hizo. Según la exdiputada provincial radical Marilyn Canata, el rector de esa casa de estudios, Omar Judis, sería “el cajero” del actual intendente de Resistencia Jorge Capitanich. El gobierno provincial a cargo de Domingo Peppo se desligó de cualquier responsabilidad sobre el proyecto a través de un comunicado.

Esa misma situación se habría dado en al menos 16 distritos donde se planificaron centros de atención a las adicciones que no se construyeron. En el programa se citó el caso del municipio de Tres de Febrero, que cobró durante la gestión de Hugo curto unos 3,5 millones de pesos, sobre un total presupuestado de 8 millones, para una obra nunca construida. Fue en el año 2015 y el caso fue denunciado penalmente por el actual intendente de Cambiemos Diego Valenzuela.

Se mencionaron situaciones similares en Lanús, Mar del Plata y Río Gallegos, donde se suscribió un convenio entre la Sedronar y la Universidad de la Patagonia Austral, que cobró cobró 7 millones de pesos sobre un total previsto de 18 millones sin que se hiciera obra alguna.

El mencionado Juan Carlos Molina estaba a cargo de una fundación para adictos en Cañadón Seco, cerca de Caleta Olivia, al norte de Santa Cruz.