La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja se reunirá este miércoles desde las 11. Cambiemos va por la remoción del diputado, aunque hay varias variables en danza. El Frente Renovador y el bloque Justicialista no aseguraron su acompañamiento.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados debatirá este miércoles desde las 11, con final abierto y más de una variable en danza, el destino de Julio De Vido, quien carga con más de un centenar de causas abiertas y cinco procesamientos por su gestión como ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo.
Tras distintas reuniones, los representantes de Cambiemos en la comisión que preside Pablo Tonelli ratificaron este martes que buscarán pasar a la firma un dictamen de expulsión de De Vido, bajo el paraguas del artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a remover a un legislador por el supuesto de “inhabilidad moral”.
Hay cuatro iniciativas idénticas presentadas en ese sentido, aunque el oficialismo se basará en el proyecto de expulsión presentado por Elisa Carrió (Coalición Cívica), quien asistirá a la reunión a defender su propuesta a pesar de no integrar la comisión.
De Vido también fue invitado al debate, que promete ser intenso y extenso, aunque se descuenta que el diputado del Frente para la Victoria-PJ no se hará presente -cabe recordar que se ausentó en la última sesión de la Cámara baja, donde se trató el proyecto de penalización de la corrupción en empresas, que lo roza por el escándalo Odebrecht-.
El Frente Renovador de Sergio Massa y el bloque Justicialista, de Diego Bossio y Oscar Romero, no habían definido hasta este martes una postura firme y unificada, dadas las distintas variantes propuestas, además de la expulsión.
En el interbloque massista, Julio Raffo tiene presentado un proyecto para suspender a De Vido en los términos de otro artículo de la Constitución, el 70, para ponerlo a disposición de la Justicia hasta tanto se resuelva el caso en cuestión.
En Cambiemos rechazan, a priori, esta opción, aunque admiten que el final será abierto y que habrá un debate plagado de argumentos jurídicos de uno y otro lado, en torno a una posibilidad que es excepcional, aunque también se verán marcadas las posiciones políticas, en medio de la campaña electoral.
“En un tema de estas características tenemos que ser lo más cuidadosos posibles. Estamos dispuestos a que De Vido se presente cuantas veces quiera y presente los escritos que quiera ante la comisión. Nosotros somos jueces, pero no queremos que nos acusen de estar violando el debido proceso y el derecho a defensa”, explicó a parlamentario.com uno de los representantes de Cambiemos en la comisión.
La postura más cerrada es la del Frente para la Victoria-PJ, que denuncia una “persecución judicial, política y mediática” sobre De Vido, y además sostiene que la Cámara no puede expulsar al diputado sin antes tener certificadas las causas en las que está siendo investigado y cuál es su estado procesal en cada una.
La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene 34 integrantes, de los cuales 14 pertenecen a Cambiemos, nueve al Frente para la Victoria-PJ, cinco al interbloque del Frente Renovador -sumados a Margarita Stolbizer, del GEN- y dos al bloque Justicialista; los restantes son Remo Carlotto (Movimiento Evita), Franco Caviglia (Juntos por Argentina) y Silvia Risko (Frente Renovador de la Concordia misionero).
Cambiemos tiene al menos 12 firmas garantizadas –necesita 18- para firmar el dictamen de mayoría, dado que en la previa se rebelaron dos legisladores propios, los radicales Ricardo Alfonsín y Carla Carrizo, quienes rechazaron públicamente el camino de la expulsión.
A la hora del debate en el recinto, se requieren dos tercios de los votos emitidos, que el oficialismo no tiene forma de alcanzar sin el apoyo de los bloques opositores, fundamentalmente del Frente Renovador y del bloque Justicialista, a quienes deben convencer de aquí a la sesión, sin fecha todavía definida.
Además de los proyectos sobre expulsión y suspensión, hay dos iniciativas pertenecientes a Raffo y a Carrizo para requerir a la Justicia copias de las causas en trámite, aunque estas propuestas no contarían con mayor grado de consenso.
