El caso de Julio De Vido fue disparador para la discusión de un privilegio establecido por la Carta Magna. Una recorrida por todos los casos que involucraron a diputados y senadores desde 1983 a la fecha. Solo dos legisladores fueron desaforados.
La polémica generada en torno a la situación judicial del exministro y actual diputado Julio De Vido ha puesto en el candelero un tema que recurrentemente vuelve a generar polémica en la política argentina: los fueros legislativos. Y pese a que vuelve una y otra vez, son más los gestos ampulosos que se hacen en estas situaciones qué medidas concretas las que se toman. En efecto, ante ciertos disparadores se generan declaraciones y presentaciones de todo tipo, pero el tema que tanto parece preocupar a la clase política no sufre modificación alguna.
En el paroxismo de la sobreactuación, periódicamente se sugiere la eliminación de ese privilegio, mostrando un inquietante desconocimiento de las normas, habida cuenta de que es la Constitución nacional la que lo establece, dicho lo cual, si se desea eliminarlos habrá que reformar la Carta Magna. Difícil que se animen.
Son tres los artículos en los que se habla de los fueros, tan importantes son en el sistema constitucional. En el 68 se los presenta en sociedad, aclarando que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. Esto es, resulta claro que la norma no ampara a los legisladores que delinquen, sino que se circunscribe estrictamente a lo que digan u opinen durante sus mandatos. Y en el artículo siguiente se establece otra aclaración: “Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”. Es lo que dio pie en este caso en que un fiscal de la Nación pidió la detención de uno de los miembros del Congreso, a imaginar la necesidad de disponer su desafuero.
En cuyo caso, amerita el tercer artículo en cuestión, el 70, que precisa que “cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”.
La Constitución es muy clara, pero así y todo existe una ley nacional que rige los alcances de los fueros, pues ya se sabe que las interpretaciones constitucionales suelen ser demasiado amplias, por lo que en determinadas circunstancias se deben dar precisiones legales que no dejen lugar a dudas. Y así llegamos a la Ley 25.320, que estableció un nuevo Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados, sancionada el 8 de septiembre del año 2000 y promulgada por el Gobierno de Fernando de la Rúa cuatro días después. Como se ve, había cierta prisa por poner en marcha esa norma pues hasta entonces la ley vigente amparaba a los legisladores a eludir a los jueces. ¿Cuál fue el disparador de entonces? Nada menos que los sobornos del Senado, menuda cuestión.
Cuando los últimos días se desató una fiebre para “renunciar a los fueros”, picó en punta Sergio Massa, quien entre otras cosas dijo que era mentira que no hubiera antecedentes, y citó el caso de Eduardo Angeloz, que pudo renunciar a ese privilegio. Ese caso amerita una aclaración. Sucedió en 1996, y como acabamos de ver por la reforma de la Ley de Fueros en el año 2000, hasta entonces los legisladores estaban blindados para toda acción judicial. Acusado en febrero de 1996 por el fiscal Carlos Ferrer por lo que se conoció popularmente como el “megaproceso del Banco Social”, fue el propio exgobernador radical, por entonces senador nacional, quien pidió al presidente del Senado, Carlos Ruckauf, su desafuero para que la Cámara alta dispusiera “las medidas que estime pertinente”. En rigor, lo que hizo fue anticiparse al desafuero que requería el reclamo judicial, pero entonces se generó una polémica en la Cámara alta. Como siempre, allí el bloque del PJ tenía la última palabra por ser mayoría, aunque presentaba diferentes criterios, pero finalmente se le quitaron por completo los fueros para ser juzgado. Durante ese tiempo que se extendió varios meses, Angeloz debió dejar el Senado.
El caso más recordado y contundente fue el del diputado nacional catamarqueño Angel Luque (PJ), quien no fue desaforado, sino directamente expulsado de la Cámara baja, acusado de “indignidad moral”. Su hijo Guillermo era uno de los acusados del crimen de María Soledad Morales ocurrido en 1990, y en el marco de un reportaje acusó al juez de la causa, José Luis Vengimiglia, de haber recibido 250 mil dólares para encarcelar a su hijo, pero además dio una peculiar argumentación de defensa que terminó costándole la carrera, al señalar que tenía suficiente poder como para hacer desaparecer el cadáver si su hijo hubiera sido el verdadero asesino. La Cámara de Diputados lo expulsó en 1991.
Ese caso fue utilizado como antecedente en 1999, cuando la Cámara de Diputados impidió la asunción de Antonio Domingo Bussi, acusado por su participación en la dictadura y también de haber ocultado una cuenta bancaria en Suiza.
Al que sí desaforaron de manera contundente los diputados fue al exsubcomisario Luis Patti. Fue el 24 de abril de 2008, cuando tras un debate de más de siete horas se aprobó en Diputados su desafuero solicitado por el juez Alberto Suárez Araujo en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad. En rigor, Patti era diputado electo, pero no le habían permitido jurar, por lo que algunos sostenían que para poder desaforarlo debían primero autorizar su juramento. El desafuero fue aprobado por 196 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones.
Tampoco pudo sentarse nunca en su banca el exgobernador Raúl “Tato” Romero Feris, elegido senador nacional por Corrientes, al que directamente la Cámara Nacional Electoral impidió asumir en 2003 por “incompatibilidad ética”, a raíz de causas judiciales pendientes. Romero Feris había sido elegido senador nacional por el Partido Nuevo, pero su pliego no fue aprobado junto a los correspondientes a la mayoría de los nuevos miembros de la Cámara alta por demoras en la comunicación de la justicia electoral correntina. Quien impugnó entonces al “Tato” fue la actual diputada Araceli Méndez de Ferreyra, por considerar que estaba “inhabilitado moral y éticamente” para ocupar una banca.
Romero Feris había sido condenado por presuntos hechos de corrupción administrativa cometidos desde los cargos públicos que ejerció en Corrientes.
En 1995 el diputado justicialista Eduardo Varela Cid no fue desaforado sino suspendido hasta el final de su mandato por “desórdenes de conducta” tras haber admitido haber requerido colaboraciones a empresarios postales, a través de un bono, en el momento en que se oponía a la controvertida ley de Correos. Durante el lapso que duró la suspensión, perdió fueros, banca y dieta.
Otro caso sucedió en 2002 con la diputada peronista Norma Ancari de Godoy, quien fue denunciada por el programa de televisión “Punto Doc”, que exhibió imágenes captadas con una cámara oculta que mostraban a la legisladora amenazando a un productor de ese envío televisivo con que iba a “matarlo a itakazos”. Esa investigación periodística versaba sobre el destino de ATN a fundaciones de discapacitados. Asediada en el Congreso, la diputada evitó su expulsión renunciando el 9 de abril de 2002, cuando ya la Comisión de Asuntos Constitucionales, que presidía Juan Manuel Urtubey, había aconsejado su expulsión “por desórdenes de conducta”.
En marzo de 2003, la oposición pidió la expulsión del senador Luis Barrionuevo, por su responsabilidad en los frustrados comicios catamarqueños. En esa oportunidad, la senadora Diana Conti advirtió que el tema no podía quedar en simples expresiones de repudio del Cuerpo, sino que el mismo debía “votar el desafuero de Barrionuevo”, quien era acusado de haber mandado a quemar urnas.
El líder gastronómico había sido impedido de participar en esos comicios porque la Constitución provincial le exigía un tiempo de residencia en la provincia que él no tenía para poder ser candidato. Lejos estuvo de resignarse a aceptar la decisión, e insistió hasta el final, presentando recursos que llegaron hasta la Corte Suprema. Las autoridades locales del Frente Cívico sabían que Barrionuevo sería un adversario temible en las urnas y realizaron la elección tal cual lo previsto, sin dar lugar a una postergación, ante lo cual el senador justicialista se consideró proscripto y había actuado en consecuencia…
Lo que siguió fue una elección escandalosa, en la que los partidarios de Barrionuevo prohibieron el acto electoral en algunas escuelas y hasta quemaron urnas.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, que presidía Cristina Fernández de Kirchner -quien aún no se había convertido en primera dama- terminó emitiendo un dictamen en el que recomendaba excluir del cuerpo a Barrionuevo bajo el cargo de “inhabilidad moral”.
Sin embargo, al promediar la noche del 27 de marzo de 2003 el peronismo terminó salvándolo, aunque votó dividido, ya que ocho senadores del PJ votaron junto a la oposición y los provinciales para expulsarlo. Los votos en ese sentido fueron 37, diez más que los que optaron por salvarlo, pero seis menos que los necesarios para los dos tercios que hubieran dejado al gastronómico fuera del Senado. “Se perdió una oportunidad muy grande. Si el Senado anterior es recordado como el de la Banelco y el de Cantarero, éste será recordado como el del escándalo Barrionuevo. Vi a muchos senadores que le temen, otros que privilegiaron el espíritu del cuerpo; en mi caso, no le tengo miedo. Lo más grave de la decisión de mis pares es que Luis Barrionuevo se llevó puesto el Senado. Sucede que en Argentina hay una corporación política y ese es el drama central de esta democracia”, se quejó Cristina Kirchner.
Un caso menos recordado pero contundente fue el del senador puntano Raúl Ochoa, condenado en 2005 a dos años de prisión en suspenso y 9 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber votado dos veces en una elección. La Cámara alta, más propensa a proteger a sus miembros, no procedió a su desafuero y lo dejó concluir su mandato, a fines de ese año. Es ni más ni menos que lo que sucede con el expresidente Carlos Menem, condenado por tráfico de armas, aunque sin condena firme, que este año irá por un tercer mandato como senador. La re-re que no pudo conseguir como presidente, y que ahora le servirá para mantenerse en libertad.
Los sobornos del Senado
Los senadores a los que el juez Carlos Liporaci pedía el desafuero para investigar los sobornos por la reforma laboral eran once, a saber: Ricardo Branda, Remo Costanzo, Ramón Ortega, Angel Pardo, Eduardo Bauzá, Emilio Cantarero y Alberto Tell, del PJ; y Javier Meneghini, Raúl Galván y Alcides López, de la UCR.
Los casos polémicos desde la recuperación democrática
1991 Angel Luque
1995 Eduardo Varela Cid
1996 Eduardo Angeloz
1999 Antonio Bussi
2000 Sobornos del Senado
2002 Norma Godoy
2003 Raúl Romero Feris
2003 Luis Barrionuevo
2005 Luis Patti
2005 Raúl Ochoa
2017 Julio De Vido
