La legisladora kirchnerista sostuvo que el procedimiento utilizado contra el diputado “viola” tratados internacionales con jerarquía constitucional, que indican que la condena es la condición para no poder ejercer un cargo público.
La diputada Diana Conti (FpV-PJ) aseguró este martes que el pedido de expulsión de Julio De Vido es “inconstitucional” y podría “acarrear responsabilidad” para Argentina al “violar” tratados internacionales de Derechos Humanos.
En defensa del dictamen de minoría que rechaza la exclusión del exministro, Conti dijo que “si hiciéramos un debate más desapasionado de la Constitución Nacional” se sabría que el debate “es nulo de nulidad absoluta” y “carece de base constitucional”. Sobre esto, dijo que los tres tipos de sanciones establecidos en el artículo 66 “no” deben “desvirtuar el contexto global de la Constitución”.
La vicepresidenta de Asuntos Constitucionales recordó los casos de Antonio Buzzi y Luis Patti en los que “aun tratándose de delincuentes de lesa humanidad, aun habiendo uso de las facultades sancionatorias, la Corte decidió que se había hecho un uso inconstitucional”.
Conti mencionó los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (N°23) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (N°25), que establecen que la única restricción para ejercer un cargo público es en el caso que exista una condena. Señaló que “Argentina no hizo reserva alguna -de estos artículos- sino que lo incorporó constitucionalmente, y a partir de allí es solo la condena penal lo que le prohíba ejercer la función”. Por eso, afirmó que en caso de avanzar con la exclusión, este procedimiento “acarrea responsabilidades para el Estado argentino” ante los organismos internacionales.
