La norma sancionada por el Congreso el 5 de julio pasado pone límites a las salidas transitorias.
El Poder Ejecutivo promulgó este viernes la Ley 27.375, de Ejecución de la pena privativa de la libertad, que la Cámara de Diputados convirtió en ley el pasado 5 de julio y que limita las excarcelaciones y las salidas transitorias para condenados por delitos graves.
Lo hizo a través del decreto 573/2017, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Justicia, Germán Garavano.
La Cámara baja aprobó esta ley con 170 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones, con el fin de ponerle fin a las salidas transitorias de delincuentes condenados por delitos violentos. En esa oportunidad fueron ratificadas las modificaciones introducidas por el Senado a la iniciativa, que reforma la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, estableciendo que los autores de delitos graves no podrán contar con el beneficio de las salidas transitorias o la libertad condicional.
El artículo 30 de la ley promulgada por el Ejecutivo cambia la redacción del 56 bis, cuyo texto actualizado puntualiza que, a partir de ahora, no podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los condenados por homicidios agravados, previstos en el Código Penal.
También deberán cumplir la pena completa en prisión quienes hayan incurrido en delitos contra la integridad sexual, promovido la privación ilegal de la libertad coactiva si se causare intencionalmente la muerte de la víctima, y partícipes en robo seguido de muerte o con armas de fuego.
Además, quedan comprendidos en las limitaciones los condenados por tortura seguida de muerte, secuestro extorsivo con deceso de la víctima, financiamiento del terrorismo y trata de personas.
Aquellos condenados incluidos en estos delitos tampoco podrán obtener los beneficios de la prisión discontinua o semidetención, ni el de la libertad asistida.
Por otra parte, la normativa establece que la decisión sobre el otorgamiento de salidas anticipadas recaerá en el juez de ejecución penal, limitando así las facultades del Servicio Penitenciario.
