Así surge de un relevamiento de la Fundación Directorio Legislativo, que indica que el 44% de las normas surgidas desde el Parlamento provienen de bloques no oficialistas. Cuál fue la incidencia del Poder Ejecutivo en el Legislativo.
La mayor cantidad de leyes sancionadas en el primer semestre por iniciativa del Congreso fueron impulsadas por la oposición. Fue la principal conclusión a la que arribó la Fundación Directorio Legislativo en un detallado informe a modo de balance de la primera mitad del año.
El Congreso aprobó en el primer semestre un total 27 proyectos de ley, de los cuales 18 (73%) fueron redactados por legisladores nacionales, y sólo 9 (33%) fueron enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo.
Si se consideran las leyes con origen en el Poder Legislativo, el 44% (8) provienen de proyectos redactados por la oposición, lo que representa exactamente el doble de las leyes motivadas por el oficialismo (4). El resto 33% (6) de las iniciativas fueron originadas en conjunto por oficialismo y oposición.
El informe da cuenta, en este sentido, del “alto grado de consenso” alcanzado entre los bloques, a diferencia del primer semestre del año pasado, donde las leyes “supusieron un buen nivel de debate político y negociación legislativa”.
La fundación citó el caso de las leyes de pago a holdouts, ley antidespidos y blanqueo de capitales, todas de carácter conflictivo, mientras que en el primer semestre de este año se sancionaron proyectos que reunieron acuerdo, como el límite a la libertad de los autores de delitos graves y el régimen de protección de víctimas de delitos.
Durante el primer semestre de 2017, obtuvieron media sanción 39 proyectos de ley (31 en el Senado y 8 en la Cámara de Diputados). En el mismo período del año pasado, habían obtenido media sanción 55 iniciativas de ley (41 en Senado y 14 en Diputados), según el citado relevamiento.
Por último, la tasa de participación legislativa del Poder Ejecutivo se mantuvo casi idéntica. En 2017, el 33% de los proyectos sancionados provinieron del Ejecutivo, mientras que en 2016 esa cifra fue del 32%, lo que no muestra una variación significativa en la injerencia del gobierno de Mauricio Macri.
