Menos de una semana después de que no pudiera avanzar el pedido de exclusión de la Cámara baja, el fiscal solicitó el cierre de la causa por compra de material ferroviario obsoleto a España y Portugal.
Se le siguen acumulando malas noticias a Julio De Vido. Ahora el fiscal federal Federico Delgado pidió elevar a juicio oral la causa en la que se investiga la compra de trenes chatarra a España y Portugal.
La citada compra de trenes tuvo lugar en el año 2005 y en ella se registraron los presuntos sobreprecios, por un valor superior a los cien millones de pesos.
Una muestra de la gravedad de la causa que investiga la administración fraudulenta agravada y cohecho en grado de partícipe necesario es que por la misma está detenido uno de los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime.
El acuerdo denunciado es el que se alcanzó con España y Portugal sobre Cooperación en Materia Ferroviaria y en ese marco una empresa argentina cobró una suma de dinero por la intermediación de una operación por locomotoras y furgones por una suma superior a los 102 millones de euros. A España se enviaron 76.313.108.85 euros, y a Portugal 25.638.896. Según se estableció, el material era inservible.
El juez a cargo es Julián Ercolini, a quien el fiscal Delgado pidió dar por cerrada la causa y enviar a De Vido a juicio oral. De Vido ya está camino a juicio oral en la causa por la tragedia de Once. Para mediados de agosto, el Tribunal Oral Federal 4 fijará la fecha del mismo. En esta causa, el fiscal federal pide que acompañe a De Vido Carlos Retuerto Castaño, exsubgerente de Inversiones de la Gerencia de Concesiones Ferroviarias de la CNRT.
Para Delgado, “se trata de la compra de material ferroviario en malas condiciones con el alegado propósito de dar trabajo para reactivar la tradicional industria ferroviaria en nuestro país y, en consecuencia, mejorar el servicio de transporte. No obstante el sector no se reactivó, el servicio no mejoró y se adquirió material en malas condiciones. Por lo tanto, se causó un perjuicio a las arcas públicas”.
El dictamen del fiscal, según publicó Infobae, señala que el exministro de Planificación delegó en sus subordinados “la hechura administrativa de la maniobra y, a la par, concentrar las decisiones de gobierno del desarrollo de los hechos”.
