El pedido de detención de Julio De Vido formulado semanas atrás por el fiscal Carlos Stornelli al juez federal Luis Rodríguez fue el disparador de la embestida legislativa contra el exministro de Planificación Federal, que concluyó con su pedido de exclusión de la Cámara baja. Ahora el tema vuelve a activarse.

Es que la Cámara Federal le pidió al magistrado interviniente un informe sobre la causa para analizar las exenciones de prisión que dispuso Rodríguez a favor de De Vido y otros cuatro acusados.

Interviene en este caso la Sala II de la Cámara Federal, que componen Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes deberán resolver ahora en torno a la cuestión.

El fiscal Stornelli pidió el pasado 4 de julio la detención del exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, y de su excolaborador Roberto Baratta en una causa que investiga el presunto desvío de fondos de la minera de Río Turbio. El dictamen, que fue presentado ante el juez federal Luis Rodríguez, incluía un pedido de desafuero del legislador del FpV-PJ para que se pudiera proceder a su detención, y solicitaba más de una decena de detenciones.

De Vido, como ministro de Planificación, y Baratta, quien fuera subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, firmaron cientos de convenios con la Universidad Tecnológica Nacional en Santa Cruz para la reconversión de la mina y puesta en marcha de un ramal ferroviario. A este proyecto se le asignaron miles de millones de pesos y pese a ello en la actualidad está totalmente abandonado. Stornelli sospechaba que a través de los convenios firmados con la universidad se desviaron más de 26 mil millones de pesos de fondos públicos. La denuncia se realizó en 2016 por el abogado Santiago Dupuy De Lome.

Tres días después, el juez Luis Rodríguez rechazó el planteo al considerar que aún no se agotaron todas las pruebas necesarias para detener y pedir el desafuero de De Vido, y por eso aceptó una serie de medidas de prueba que le solicitó el fiscal.