La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, pidió este martes al Senado que modifique cuatro puntos del proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria que aprobó la Cámara de Diputados tras una intensa discusión, y en ese marco llamó a restablecer el polémico artículo 37, sobre acuerdos administrativos de colaboración.

Alonso se presentó en el Salón Azul para exponer ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por Pedro Guastavino (FpV-PJ), que retomó el cuarto intermedio tras la exposición del ministro del área, Germán Garavano, cuando el Senado aún no había recibido la media sanción de la Cámara baja.

“Esta es una ley anticorrupcion que busca fomentar un cambio en las conductas empresariales y promover la cooperación entre el sector público y el privado para la detección, la investigación y la sanción de la corrupción”, destacó Alonso al inicio de su intervención, donde enumeró cuatro modificaciones requeridas desde el Gobierno.

En primer lugar, llamó a “revisar” la redacción del artículo 1 por el “impacto distorsivo” que genera, ya que, por impulso de los diputados del Frente Renovador, se incorporaron al proyecto todos los delitos del Código Penal, que ahora alcanzarían a las personas jurídicas.

En este sentido, especificó que los ilícitos previstos inicialmente eran los de “cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles, fraude contra la administración pública y cohecho trasnacional”.

Alonso también pidió modificaciones en la redacción del artículo 20, sobre los acuerdos de colaboración, para dejar en claro que éstos se pueden celebrar a cambio del “cese de la persecución” y no de la eximición de la pena.

En tercer lugar, encendió una luz de alarma sobre el artículo 258 bis, que Diputados votó con dos redacciones diferentes, primero en general y luego en particular.

Por último, enfatizó que “los senadores deberían considerar reincorporar el artículo 37”, caratulado como “artículo Odebrecht” por la posibilidad que abre a las empresas de llegar a acuerdos administrativos de colaboración eficaz por hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de la ley, para lograr a cambio el cese de la persecución penal.

“Creemos que ete artículo abre un canal institucional motivador que le podría permitir a muchas empresas resolver la cuestión por fuera del proceso penal”, resaltó la titular de la OA, y aclaró: “No sólo por el Lava Jato sino también por otras investigaciones judiciales en curso y que podría haber”.

Cabe recordar que, por el rechazo de la oposición, Cambiemos no pudo imponer en Diputados el artículo en cuestión, que cayó con 87 votos afirmativos contra 131 negativos.

La necesidad de la ley

Más allá de las modificaciones pedidas, Alonso ponderó que el proyecto aprobado en la Cámara baja cumple con estándares internacionales; que establece un programa de integridad que deberán cumplir las empresas, fundaciones y mutuales; y que fija sanciones graduales y disuasorias.

“La media sanción deja en claro que la empresa siempre tiene responsabilidad por lo que hizo, siempre paga y siempre devuelve el provecho del delito”, indicó.

Al inicio de su exposición, recordó que la Argentina tiene una deuda de 17 años en el cumplimiento de los mandatos de la denominada “Convención Anticohecho” de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Puntualizó que todos los países que suscribieron a esa Convención, a excepción del nuestro, tienen legislación que responsabiliza a las personas jurídicas en los casos de corrupción, y dos tercios de esos países incluyen en esa legislación los acuerdos de colaboración.

“Buscamos fomentar la cooperación entre la empresa y el Ministerio Público y el Poder Judicial en la investigación”, justificó sobre este punto.