Si bien consideró “muy discutible” el punto eliminado del dictamen de mayoría durante el debate de la ley de responsabilidad penal empresaria en Diputados, sugirió encontrar la manera para que las empresas aporten información.
El fiscal general de la Cámara del Crimen Ricardo Sáenz expuso este miércoles en la Comisión de Justicia del Senado de la Nación sobre el proyecto de responsabilidad penal empresaria, que cuenta con media sanción de la Cámara baja, en cuyo marco se pronunció respecto del controvertido artículo 37 de la misma, que establecía la posibilidad de alcanzar un acuerdo administrativo por hechos anteriores a la sanción de la ley, con la intervención de la Procuración del Tesoro y luego la SIGEN, y finalmente fue eliminado en el debate en Diputados.
Sobre el tema, Sáenz expresó que “parece una norma administrativa que tiene alguna incidencia en una causa penal”, y advirtió que “es muy discutible el acuerdo administrativo, pero pienso que de alguna manera tenemos que ver la posibilidad de que esas empresas puedan aportar esa información”.
Recordó que Brasil tiene elementos jurídicos como la delación premiada, pero admitió que “nuestro régimen es más rígido”, por lo que sugirió que “de alguna manera habría que zanjar esta cuestión, pero no sé si el artículo 37 era el más apropiado”.
Luego se pronunció respecto del párrafo agregado al proyecto de responsabilidad penal empresaria donde se declaran imprescriptibles delitos cometidos contra la administración pública. “Me parece mucho”, sostuvo el fiscal, recordando que se ha terminado poniendo en “paridad de condiciones” ese tipo de delitos con los de lesa humanidad.
Más tarde, ante un comentario puntual del senador Juan Mario País sobre el artículo 37, Sáenz dijo que “no hay duda que es una norma que le permite al Poder Ejecutivo obtener información que después va a volcar al Poder Judicial”, lo cual “no está mal si uno lo interpreta como que es una colaboración. El tema es si uno lo ve demasiado parecido al régimen penal que establece la ley, que justamente lo que hace es hacer un acuerdo, no recibir información”.
“Yo creo que la norma está prevista como acuerdo con el pensamiento que hace la ley de Brasil -apuntó-. O sea, ¿por qué va a venir (la empresa) a darme esta información si no puedo dar algo a cambio? Por ejemplo, un acuerdo que le morigere las condiciones que después va a sufrir por dar esa información”.
